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Urbanismo actúa en las casas en ruinas pero tiene que seguir un proceso jurídico y administrativo
C.G. Arahal
La delegación de Urbanismo está ya actuando en la casa en ruinas que hay en la calle Socorro. Este tipo de actuaciones lleva un proceso legal y administrativo que hay que cumplir, según el concejal de Urbanismo, José Antonio Cabrera. De momento se ha enviado requerimiento a los propietarios de la vivienda para que actúen, si no lo hicieran debe poner solución la administración local y la factura resultante añadírsela como carga a la vivienda en el registro de la propiedad en el caso en que se negaran los propietarios a pagarla.
La vivienda en ruinas en la calle Perpetuo Socorro no es la primera y seguro que no será la última, hay otra por ejemplo en la calle Ciruelo en semejantes circunstancias. Su estado obliga a actuar a los propietarios y, si éstos no lo hacen, tiene que ser el Ayuntamiento. La administración local se ve obligada a seguir un procedimiento que a veces es largo y tedioso. Mientras, los vecinos afectados por el inmueble en ruina sufren las consecuencias.
Después de una actuación de urgencia, que ha consistido en enviar a los Bomberos de Arahal para vallar la zona y realizar un informe sobre el estado ruinoso del inmueble, el caso se trata en la Comisión Local de Patrimonio. De aquí sale un decreto, firmado por el concejal de Urbanismo, en el que se expone que esta vivienda es un caso potencia de peligro debido a su estado. El arquitecto municipal realiza un presupuesto de los trabajos necesarios para arreglar el inmueble y mandan a los propietarios una Orden de Ejecución. No obstante, antes hay que localizar al propietario o propietarios en la mayoría de los casos pidiendo Nota Simple al Registro de la Propiedad de Marchena.
Si el propietario/s no responde a la orden de Ejecución en el plazo indicado, lo siguiente es el envío de una carta con una multa, generalmente es el 10% del presupuesto de la obra. Esta acción se puede repetir y si siguen sin responder es el Ayuntamiento de Arahal el que se tiene que hacer cargo de los trabajos, por responsabilidad debido al peligro que resulta que la vivienda finalmente caiga y produzca daños a vecinos o transeúntes.
La factura de los trabajos que se pagan con dinero público se presentan al propietario o propietarios y, si se niegan a pagar, se adjunta a como carga a la vivienda en el Registro de la Propiedad. En el caso de venta del inmueble, antes hay que pagarla. El Ayuntamiento actúa de forma subsidiaria realizando una serie de trámites que marca la ley.
Pero el problema es que generalmente este proceso jurídico lleva un tiempo porque la administración local no puede actuar en una vivienda privada ni puede gastar el dinero público sin seguir la ley, explican estas mismas fuentes municipales.
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