Un empresario de Arahal denuncia agravio por parte de la Policía y el Ayuntamiento en el trato hacia su bar de copas

Un empresario de Arahal, Octavio Martín Maldonado, denuncia agravio comparativo en el trato que se dispensa por parte de la Policía Local y el Ayuntamiento a su bar de copas. Han decretado el cierre de este después de incumplir la actividad dada de alta en una declaración responsable realizada días previos a la Navidad.

El bar se denomina El Lerele, está situado en la calle Golondrina y ha abierto en estas fiestas durante cuatro días, del 24 al 27 de diciembre. Desde septiembre, su propietario tramita licencia de apertura. Y en la actualidad está en periodo de alegaciones de uno de los trámites del proceso, la calificación medioambiental, cuyo plazo termina el 14 de enero.

Declaración responsable para actividad de heladería

No obstante, ante la llegada de las fiestas navideñas, primordiales para la rentabilidad de este tipo de negocio, su propietario solicitó al Ayuntamiento de Arahal abrir el establecimiento bajo una declaración responsable acogiéndose al epígrafe de heladería. Al igual que habían realizado otros tres establecimientos hosteleros de la localidad, una vez termina el confinamiento el pasado mes de mayo. El objetivo era poder ampliar actividad o abrir después de que la Junta de Andalucía decretara el cierre completo de los establecimientos con música, para evitar aglomeraciones y prevenir contra el contagio del Covid.

Este empresario está de acuerdo con las razones del cierre de su negocio. Pero denuncia que a su parecer en igual situación se encuentran el resto de establecimientos que, como en su caso, han realizado declaración responsable. “Ninguno se adapta a la nueva actividad, especialmente uno, la discoteca, debe ser la única abierta en toda España”.

Octavio Martín Maldonado asegura que desde que abrió “estaba cantado que me cerraban” porque ya me advirtió el Jefe de la Policía (José Antonio Humanes) que a la mínima me cerraban”. Cuenta que, un cuarto de hora después de abrir el establecimiento el primer día, ya tenía a los agentes en la puerta para ver si tenía vitrina de venta de helados. “Tengo que reconocer que llevaban razón, por mi situación económica no he podido poner la vitrina, pero en la misma situación están otros establecimientos de la localidad y no se cierran”, explica el empresario.

Persecución

Por esta razón, asegura que sufre una “persecución” por parte de la Policía Local que “no actúa igual con el resto de establecimientos que están en una situación similar”. Martín Maldonado dice tener pruebas de que esto es así, especialmente en el caso de la discoteca. “Hay carteles de actuaciones musicales y vídeos en los que se puede comprobar cómo se incumplen las medidas sanitarias, pero el negocio sigue abierto”. Con todo y su reclamación pondrá una denuncia en la Guardia Civil.

La Policía Local de Arahal desde que comenzaron las fiestas navideñas ha interpuesto trece denuncias por incumplir la normativa relacionada con las restricciones impuestas ante la cifras de contagio por la COVID-19. Estas denuncias han sido por no respetar la distancia de seguridad, incumplimiento de horarios, exceso de veladores y actuaciones en directo. 

En el caso del bar de copas de Octavio Martín, se han levantado cuatro actas, una por día principalmente por no realizar la actividad dada de alta en su declaración responsable, heladería. Según fuentes policiales, “el primer día se le advirtió que debía al menos tener la vitrina con helados, pero no la puso”. Los tres días siguientes, también fue así hasta que la delegación de Comercio decretó el cierre. El establecimiento incurrió en otras faltas como “incumplimiento de horario y actuación en directo”. “En un solo fin de semana, los vecinos llamaron a la Policía y al Ayuntamiento porque el ruido era insoportable. En el primer fin de semana ya había quejas solo de ese establecimiento”, cuentan desde la Policía.

Orden en sentido contrario

Las mismas fuentes aseguran que desde el Ayuntamiento, si se ha dado alguna orden, es “en sentido contrario para que facilitemos las cosas porque es un sector que ha sufrido mucho, pero tenemos que asegurarnos que se cumplen las normas sanitarias”. Los agentes “no pueden estar en todos los establecimientos al mismo tiempo, cuando llega una denuncia o una prueba que puede ser recogida por redes sociales del incumplimiento de alguna medida, también se levanta acta como ha ocurrido con un vídeo de la discoteca que llegó a esta Jefatura, hechos que están denunciados”.

Octavio Martín se defiende diciendo que cuando levantaron acta del incumplimiento de horario, “no había nadie en el local, excepto las camareras recogiendo y la reja estaba a medio cerrar”. En cuanto a la actuación en directo aclara que “unos clientes comenzaron a cantar pero cómo se lo voy a impedir, son fiestas de hacer esto”. Y, aún así, cuando llegó la Policía, se puso fin al cante.

Asimismo, desde la Policía Local niegan que haya ningún tipo de persecución. “No es el primer establecimiento de estas características que se cierra, durante el verano se ha decretado el cierre de dos, si ahora no se han cerrado es porque cumplían con la actividad declarada y todos tienen licencia de apertura, lo que no tiene el establecimiento ahora cerrado”.

Pasar por procedimientos reglados

El empresario niega rotundamente que esto sea así. Está de acuerdo con el cierre por no tener vitrina y helados, pero no entiende que se le cierre por no cumplir con la actividad declarada cuando “en este pueblo hay como mínimo un ejemplo claro de otro establecimiento que no cumple porque la Junta de Andalucía decretó el cierre de todos los locales con música y actuaciones”. De ahí que considere que si “se cierra mi local, no debe ser el único”.

Por su parte, el delegado de Comercio, Carlos Díaz, preguntado por las razones del cierre de El Lerele y la denuncia del empresario asegura que no existe ningún tipo de persecución “de ninguna clase a Octavio”. E informa que “para obtener una licencia hay que pasar por unos procedimientos reglados que poco tienen que ver con política local”. 

En este sentido, el edil afirma que “no quiero aventurarme a decir algo que por ley de protección de datos no pueda revelar, pero es seguro que no he tenido nunca ninguna persecución a nadie en el tiempo que llevo aquí, ni la tendré. No es mi manera de actuar, siempre trato de atender y facilitar todo lo posible con lo que está en mi mano y cumpliendo la ley”.

Disputa con el propietario del local

Por su parte, Octavio Martín considera que el cierre “estaba previsto” porque desde que comenzó a tramitar la licencia de apertura todo ha sido “un lucha continúa en la que me han pedido documentos que no aparecen ni en la ordenanza de este tipo de establecimientos”. Y, en este sentido, pone de ejemplo “el título que ha habido que hacer ante notario de la inmobiliaria para vincularme a este local o el recibo de pago del autónomo”. Incluso, asegura que para la declaración responsable le han pedido un nuevo proyecto, “cuando tenía recién entregado uno para solicitar licencia de apertura”.

Y es que el empresario mantiene una disputa con el propietario del local. Según su versión, llegó a un acuerdo con él para pagar 1.000 euros de alquiler y seis meses por adelantado. “Y cuando ya estaba la obra de reforma realizada y presenta la solicitud de licencia, se echa atrás y solicita que no se me traspase la licencia. Quiere más dinero y que me haga cargo de deudas del impago de agua y luz”. 

El propietario del local presentó una denuncia ante la Delegación de Comercio el 8 de octubre. En ella, indicaba que había llegado a un acuerdo con el inquilino (Octavio Martín) para alquilar el local en febrero de este año. Y que guiado por “la buena fe” le dejó las llaves del inmueble. Así como una copia de su DNI con el objeto de que el decorador viera el inmueble y adelantar lo posible los trámites administrativos. No obstante, según figura en la denuncia, “no ha cumplido con sus compromisos económicos. Poniendo mil y una excusas para justificar su falta de solvencia económica. Y prometiendo siempre que la resolución de sus problemas financieros era cosa de días”. 

Enfrentamiento judicial

Asimismo, el propietario del local asegura que se han realizado obras “sin autorización alguna por mi parte, esas obras son clandestinas e ilegales” y dice en su denuncia haber recibido presión, “incluso amenazas a veces directamente o a través de un vecino de Paradas que el señor Martín nombra como mediador”. En este escrito también solicita que cause “baja temporal y hasta nuevo aviso de la autorización o licencia de apertura y cualquier alta de apertura en dicho local”.

Octavio Martín Maldonado niega lo denunciado. Y reconoce que ha realizado una reforma en el local pero con licencia de Obras, proporcionada por el Ayuntamiento. Asimismo, explica que el propietario era consciente en todo momento de los trabajos realizados. “Todo lo que había en el local lo tengo yo guardado. Y él ha estado presente mientras hacíamos el traslado y la obra”, dice. Además, ha asegurado que “tiene testigos”. Por lo que lo que ha interpuesto en su contra denuncia judicial.

No obstante, el empresario considera que este enfrentamiento entre el propietario del local y él debe resolverse en “los juzgados de Marchena o Sevilla. Pero el Ayuntamiento no tiene nada que ver con el asunto”. Aún así dice que lleva meses esperando la licencia de apertura. Y en el acuerdo primero que llegó con el propietario apuntaba a que le pagaría “cuando el local estuviera abierto y funcionando”. Los términos del mismo son acordados de forma verbal ante un agente inmobiliario (el señor de Paradas que actúa de mediador al que se refiere el propietario en la denuncia). El agente inmobiliario ha declarado ante notario los términos de ese acuerdo verbal. Y ha aportado también como documentación en la solicitud de licencia de apertura.

Informe jurídico

El Ayuntamiento ante el escrito del propietario solicita un informe jurídico. Este primer informe, realizado por el abogado municipal, determina la concesión de la licencia de apertura. Siempre que el nuevo solicitante aporte la documentación necesaria que requiera la intervención administrativa. Ya que el local llevaba más de seis meses sin actividad. Después de este informe, se solicita otro a la Secretaría municipal. Según Octavio Martín “la secretaria me dijo que era la primera vez que tenía que realizar un informe sobre la apertura de un establecimiento”.

En este tiempo, añade el empresario, “ha habido errores administrativos que han atrasado dos meses y  medio la apertura”. Y dice estar en una situación económica complicada. De ahí que hiciera una declaración responsable para poder abrir lo antes posible y aprovechar estas fiestas.

El día 14 de enero termina el plazo de exposición pública de la declaración medio ambiental. Y, a partir de entonces, podrá abrir sin problemas. Pero, apunta, “a no ser que invente otra cosa”.

Seguridad Ciudadana de Arahal estudia el precinto de establecimientos por no cumplir con medidas de seguridad