Sanz confirma un descenso del 29% de los robos en el campo andaluz desde el despliegue de los equipos ROCA

Tras asistir a una jornada de trabajo con mandos y especialistas de Guardia Civil 

N.P.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha confirmado hoy que las infracciones penales en el medio rural andaluz han disminuido un 29% en los dos años transcurridos desde el despliegue de los equipos ROCA, en octubre de 2013, y ha agradecido a la Guardia Civil y a sus especialistas “el esfuerzo que realizan para que los agricultores andaluces puedan desarrollar su trabajo con las mayores garantías de seguridad posibles”.

Sanz ha hecho estas declaraciones tras asistir, junto con el general de la IV Zona, Laurentino Ceña, a una Jornada de Estudio sobre la Evolución de los Equipos ROCA celebrada esta mañana en el cuartel de Eritaña, en Sevilla,  en la que han participado expertos y responsables del Plan contra los Robos en el Campo que impulsan los Ministerios de Agricultura e Interior.

Tras la reunión, el delegado ha destacado la importancia del trabajo de coordinación, asesoramiento e investigación que realiza la Guardia Civil, “llevando la tranquilidad a un sector en expansión, que representa uno de los motores de nuestra economía regional”.

Según ha explicado, los 25 equipos ROCA que operan actualmente en Andalucía están integrados por 100 agentes altamente especializados en el medio rural, junto a los que colaboran 79 agentes de las unidades de Seguridad Ciudadana, Seprona y Tráfico.

En estos dos años se han mantenido 2.546 reuniones y 16.149 contactos con los colectivos afectados

Desde su entrada en funcionamiento, los agentes de los equipos Roca han mantenido 2.546 reuniones y 16.149 contactos con los colectivos afectados a fin de conocer de primera mano los problemas de los agricultores y han impartido 14 conferencias formativas para informar sobre las formas de prevenir los robos, mejorando los niveles de comunicación.

En el mismo periodo se han cursado 4.780 denuncias, detenido a 2.046 personas e imputado a  2.000.

Control en caminos y mercadillos

El Plan Roca ha contado con la colaboración del SEPRONA para intensificar el control en caminos de acceso a las fincas donde se producen los robos. Junto a ello, se han aumentado las acciones para controlar la venta de material robado, con controles de mercadillos, ventas ambulantes y almacenes y colaboración de la Guardia Civil en los controles de carretera.

Además, se han impulsado medidas contra el robo de cobre, un delito muy ligado al de los robos en el campo, prestando especial atención a los compradores y se han establecido mapas de cultivos y sistemas de geolocalización de las fincas, poniendo las nuevas tecnologías al servicio de la seguridad de los agricultores, lo que acorta el tiempo de reacción y agiliza las investigaciones.

El delegado ha explicado que, además, se sigue trabajando para potenciar el uso de la denuncia electrónica, porque, “como bien saben los agricultores, la denuncia es fundamental para poder investigar y perseguir al delincuente”.

Bajan las infracciones penales

Como consecuencia de todo ello, el número de infracciones penales registradas en el campo andaluz entre enero y octubre de este año ha sido de 4.603, lo que equivale a un descenso del 29% respecto a las  6.479 registradas en el mismo periodo de 2013, cuando aún no habían entrado en funcionamiento los equipos ROCA.

Esta tendencia  la baja se confirma también en la provincia de Sevilla, donde las infracciones penales en el campo han disminuido en dos años de trabajo de los equipos Roca un 39,6%, más que la media andaluza, lo que ha llevado al delegado a felicitar a la Comandancia de Sevilla por los buenos resultados obtenidos.

Igualmente, en los últimos doce meses han disminuidos las infracciones penales en el medio rural en todas y cada una de las ocho provincias, siendo la media de descenso del -21%.

Del mismo modo, Sevilla es la provincia en la que se ha registrado el descenso más acusado en un año, un 32,83%.

Medidas legislativas

Por otra parte, Sanz ha destacado las medidas impulsas por el Gobierno en paralelo al Plan Roca, promoviendo las reformas legislativas necesarias para penalizar unos delitos “que pueden causar un importante lucro cesante a las víctimas”, especialmente cuando se trata de robo de material indispensable para las tareas agrícolas.