Rafael Serrano: “El Ayuntamiento buscará otras opciones legales para acoger a los animales abandonados”

Arahal es uno de los aproximadamente 30 municipios que en la actualidad tienen contrato con la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Sevilla (S.P.A.P.S.), que ha sido objeto de reiteradas denuncias durante más de una década por el estado en el que se encuentran los animales. Incluso, hace unos días el Servicio de Protección de Animales (Seprona) de la Guardia Civil llevó a cabo una inspección de la que se derivaron tres denuncias más.

Alejandro Solano

La Sociedad Protectora de Animales, con la que el Ayuntamiento de Arahal mantiene contrato para la la gestión del servicio público municipal de recogida de animales (S.P.A.P.S.), se encuentra, más que nunca, en el punto de mira por las constantes denuncias que está recibiendo y por las continuas protestas y manifestaciones llevadas a cabo desde el pasado sábado por vecinos y asociaciones protectoras.

Esta protectora tiene las instalaciones en término municipal de Bormujos. Varios trabajadores de la misma grabaron el vídeo que aparece en la página y lo hicieron público. Las imágenes demostraron las condiciones en las que se encontraban los animales, entre excrementos, orines y otros perros muertos. La Asociación “La Sonrisa del Animal” (LASA) ha rescatado todos los animales de esta perrera situada en el término municipal de Bormujos, después de las manifestaciones y denuncias de los últimos días.

Por ese motivo, el Consistorio arahalense, según el concejal de Medio Ambiente Rafael Serrano, ya ha dado aviso para buscar nuevas opciones y alternativas legales con idea de que los animales abandonados en la localidad de Arahal se dirijan a otros destinos.

Actualmente, la administración local mantiene un contrato con S.P.A.P.S para la gestión del servicio municipal de recogida de animales (perros y gatos abandonados y palomas de la vía pública) por un importe de 3.900,00 euros anual para un servicio de 12 recogidas concertadas en horario exclusivo de mañana y tres llamadas con carácter urgente sin coste adicional para el Ayuntamiento. Además, la Sociedad está obligada a atender otras llamadas si fuesen necesarias, aunque cobrando el desplazamiento de forma extraordinaria.

Concentración en la puerta de la perrera de Bormujos. Foto: ABC

Una vez recogidos los animales, siempre por personal autorizado de la Protectora, estos quedan en reserva durante diez días por si fueran objeto de reclamación y, trascurrido ese plazo, pasan a régimen de adopción en la residencia de la Sociedad adjudicataria.

Este acuerdo, firmado el 1 de marzo de 2012, es de un año y queda automáticamente prorrogado por años sucesivos, aunque puede ser anulado por cualquiera de las partes con un mes mínimo de antelación a su vencimiento.

Por eso, la Delegación correspondiente va a empezar a trabajar para buscar otras alternativas legales que puedan cubrir este servicio, dadas las actuales circunstancias por las que atraviesa la Protectora actual con la que tienen relación.

Convenio con 11 claúsulas

De esta forma, el Consistorio arahalense seguiría los pasos del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, el cual rompió su convenio con la citada perrera “por las denuncias interpuestas por algunas asociaciones de protección animal” e incluso denunció el asunto a la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía (algo que volverá a hacer ahora recabando las nuevas denuncias), pero el órgano andaluz no permitió a la administración mairenera emprender ninguna acción al no considerarla de su competencia.

También, el contrato que actualmente une al Ayuntamiento con esta protectora establece, en una de sus 11 cláusulas, que el adjudicatario “tiene la obligación de velar por el cumplimiento de las condiciones exigidas en materia de seguridad social e higiene laboral de acuerdo a la normativa vigente, velar por la posesión del correspondiente seguro de responsabilidad civil y de todos los riesgos que puedan asegurarse, así como facilitar los datos requeridos relativos a los animales recogidos en el municipio”.

Y añade, además, que el Ayuntamiento puede inspeccionar el servicio adjudicado, algo que, según el edil arahalense Rafael Serrano, ha sido ofrecido por el propietario de la perrera: “el dueño nos ha invitado a visitar las instalaciones y comprarlo todo”. También, en este sentido, asegura que “toda la documentación proporcionada es legal y correcta a la normativa vigente”.

No obstante, a partir de marzo, el Ayuntamiento podría iniciar un nuevo contrato con otra perrera para llevar a cabo este servicio.