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Medio Ambiente ordena la demolición de la casa en el campo de Rodríguez Lobato
Como consecuencia de la nulidad de las 5 licencias de obras en el pleno del pasado 31 de octubre
C. GONZÁLEZ
El Ayuntamiento de Arahal tendrá que demoler la casa de campo construida por el ex concejal del PSIA, Manuel Rodríguez Lobato en menos de una semana. La orden llega de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Dicha orden se ejecuta en función de la nulidad de las licencias de obras otorgadas a Carmen Avilés, esposa de Rodríguez Lobato, que se aprobó en acuerdo plenario el pasado 31 de octubre de 2013.
Durante la última semana, el ex concejal de Obras ha solicitado a un técnico la realización de un peritaje de la edificación que, según explicó a esta web, tendrá que pagar el Ayuntamiento de Arahal. El valor del mismo puede estar en torno a los 400.000 euros o más.
Sobre el tema comentó que el Equipo de Gobierno ha mantenido contactos con él para lograr un acercamiento, que finalmente, al menos hasta el fin de semana, no se había producido. También solicitó al Ayuntamiento por registro que le devolvieran las licencias de obras, el plazo de contestación terminó el 30 de enero, el mismo día que se celebró el pleno.
La orden de demolición entró por registro municipal el pasado 24 de enero y especifica que “la anulación de las licencias conlleva la demolición directa de las obras ejecutadas a su amparo, sin que resulte procedente la tramitación de ningún procedimiento de protección y restauración de la legalidad urbanística”.
Estos últimos términos de documento indican que no cabe ni siquiera la posibilidad de realizar un proyecto de actuación para salvar la construcción de la demolición. Asimismo, expone que, según el artículo 29.2 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-administrativa, “cuando la Administración no ejecute su actos firmes podrán los afectados solicitar su ejecución y si esta no se produjera en el plazo de un mes desde tal petición, podrán los solicitantes formular recurso contencioso-administrativo”.
Consecuencias de la nulidad
La demolición era una de las probables consecuencias de la nulidad de licencias que realiza el Pleno el pasado mes de octubre con los votos en contra del PSIA y PP y la abstención del concejal no adscrito.
El proceso se inicia con las denuncias presentadas por el entonces secretario general del PSOE local, Fernando Chaves, meses antes de las últimas elecciones municipales. Una se interpuso en la Consejería de Urbanismo y Vivienda y otra en Medio Ambiente.
Hasta cinco licencias de obras se le concedió al entonces concejal de Obras, desde abril de 2008 a febrero de 2010. Todas con los informes favorables de tres técnicos municipales del área de Urbanismo y de los servicios jurídicos.
Las licencias fueron una para la ejecución de una nave de aperos de labranza, dos para la obra de reformado de dicha nave, otra para su utilización y la última para pintar el exterior y adecentar la entrada y entorno de la edificación.
Cinco meses después de la concesión de la última, en julio de 2010, se recibe por registro municipal un requerimiento de la Dirección General de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía para que el Ayuntamiento declare la nulidad de las licencias municipales. La administración regional considera que falta justificar la actividad a la que se va a dedicar la nave de aperos y considera que debe el propietario presentar un proyecto de actuación.
En un pleno posterior, celebrado el 27 de enero de 2011, cuando todavía formaba parte del Equipo de Gobierno Manuel Rodríguez Lobato, el Ayuntamiento no admitió a trámite la revisión de oficio de estas licencias a pesar de que un informe de la secretaria (del 14 de septiembre de 2010) expone que “la inadmisión sin más trámites de una acción de nulidad sólo procede cuando sea de todo punto evidente la absoluta inconsistencia de la impugnación”. Asimismo, dicho informe consideraba “idónea la tramitación del correspondiente procedimiento administrativo, en base al principio de prudencia”.
A partir de este momento, otra Consejería entra en juego, la Consejería de Presidencia, cuando todavía la regentaba Manuel Chaves, hermano de concejal socialista Fernando Chaves, que impugna el procedimiento de revisión del oficio de las licencias concedidas e interpone un recurso contencioso-administrativo, además de denunciar los hechos ante el Consejo Consultivo de Andalucía.
El fallo de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso número 3 de Sevilla (2010) estima parcialmente el recurso y ordena la tramitación por parte del Ayuntamiento de Arahal del correspondiente procedimiento después del informe del Consejo Consultivo, pero sin declarar nulas las licencias.
Hasta enero de 2013, año y medio después del cambio de gobierno municipal de las elecciones de junio de 2011, el Ayuntamiento en Pleno no aprueba la admisión a trámite del procedimiento de revisión de oficio de las licencias concedidas y lo pone en conocimiento tanto de las administraciones implicadas como de los interesados.
Otra denuncia
No obstante, aún no hay sentencia de otra de las denuncias presentadas por Fernando Chaves. Y es la que la Fiscalía admitió a trámite la presentada en Medio Ambiente y emitió en marzo de 2011 un informe que considera la edificación hecha con licencia para nave de aperos agrícolas y vivienda para el aguarda como “ilegalizable” al ser contrarias al planeamiento urbanístico por estar establecido en suelo no urbanizable.
El fiscal denunció en ese momento también que las peticiones de sucesivas licencias fueron efectuadas con la “pretensión de disimular la envergadura del proyecto y del verdadero destino a uso de vivienda residencial”.
La denuncia hacía referencia a la inspección ocular realizada por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía en la que se hace constar que la edificación tiene uso residencial y que consta en su planta baja con salón-cocina, baño y salón de grandes dimensiones, y en el segundo piso, tres dormitorios y baño. Vivienda que tiene una superficie construida de 142,54 m2, con un porche de 98,33 m2.
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