«Los políticos no han incluido la evaluación ambiental en los PGOU hasta estar presionados por las sentencias judiciales» 

Juan Antonio Morales es profesor jubilado y el responsable de Urbanismo en la organización Ecologistas en Acción. Lleva más de 30 años tratando con temas de esta índole. Ha sido el que se ha ocupado de preparar todos los expedientes de denuncias presentados ante la Justicia para que la Junta de Andalucía incluyera en la Ley la obligatoriedad de no realizar ningún Plan de Ordenación Urbana (PGOU), sin antes presentar la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) marcada por la Unión Europea.

AIONSur. Una lucha larga en la que lleváis años de trabajo…

Juan Antonio Morales. Ecologistas en Acción empezó en 2009 a decir que los planes no se estaban sometiendo a la Evaluación Ambiental Estratégica con alegaciones y conocimiento de la realidad jurídica. En 2014 nos pusimos las pilas y comenzamos a investigar. Pero con conocimiento de causa desde 2015, que fue el principio de la batalla gorda, cuando iniciamos todos los casos recurridos hasta ahora. 

En Sevilla, todas las denuncias presentadas al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) han sido favorables. En la de Arahal, la modificación puntual 34 que anularon va en el sentido de que no había ninguna evaluación ambiental. En 2015 mandaron una carta al consejero e intervenimos en la Comisión Parlamentaria para defender nuestra postura.

Evaluación Ambiental Estratégica

AIONSur. ¿Qué conlleva seguir con una ley que no incluye la Evaluación Ambiental Estratégica?

J.A.M. Lo que conlleva es que todo el procedimiento de prevención ambiental se degrada, con todo lo que significa a efectos prácticos sobre medio ambiente. Desde desprotección del suelo a todo tipo de degradación del medio ambiente por ejemplo que no se impongan medidas para residuos, los cambio climáticos, construir en zonas inundables, cargarse ecosistemas, contaminación de suelo o se usa el suelo indebidamente.

La EAE fue concebida para reforzar la protección del medio ambiente. La no observancia de esta evaluación supone que hay más riesgos sobre el medio ambiente en todos sus aspectos.

AIONSur. ¿Y cómo se aplica esta Evaluación Ambiental?

J.A.M. La EAE tiene una característica fundamental. Y es que se aplica antes de iniciar el plan para que se tengan en cuenta factores ambientales importantes. Por eso se llama estratégica porque intenta condicionar los planeamientos urbanísticos.

Otra cuestión importante es que su aplicación exige mayor información, que se estudien los factores ambientales de forma más profunda. La evaluación de los proyectos está condicionada por el proyecto. Pero los planes tienen que ir con más información de la que se maneja en los proyectos.

La idea básica es que cualquier alcalde antes de decidir poner algo ahí tiene que saber la evaluación ambiental. Antes de tomar una decisión técnica de asignación de usos se tiene que tener en cuenta dicha evaluación que es la que contiene toda la información, este procedimiento te obliga a razonar las dificultades que puede tener el planeamiento.

Años de trabajo perdido

AIONSur. Lo que no tiene sentido es cómo no se ha aplicado antes. Ahora la mayoría de los PGOU de los municipios ha supuesto años de trabajo perdido.

J.A.M. España tuvo cuatro años para adaptarse, de 2001 al 2005, la primera ley salió en 1996. Andalucía excluyó esta normativa de los planes urbanísticos. Debieron empezar a aplicar esta directiva en los planes en trámites, como no lo hicieron a su debido tiempo, ya no podían parar. Lo que se hará ahora tenían que haberlo hecho desde un principio. 

AIONSur. ¿Y a qué cree que se ha debido?

J.A.M. Pues tiene que ver cómo lo iba a percibir la ciudadanía, tenían miedo de que no se entendiera. Tuvimos que recurrir a la vía judicial, lo que creó inseguridad jurídica permanente. Los políticos no han querido hacerlo antes porque no tenían la presión de las sentencias judiciales que han sido favorables a nuestros argumentos.

AIONSur. Esto obligará a empezar de cero a muchos ayuntamientos, calculan que unos 95.

J.A.M. Cuando salió el Decreto 3/2015 ellos hablaban de 450 planes, unos aprobados, otros recurridos. Por ejemplo, La Rinconada está pendiente de sentencia, La Puebla de Cazalla acaba de recurrir. Tienen que reiniciarse los que están en trámite, los que no están aprobados definitivamente, incluso pueden darse dos casos, los que tengan declaración ambiental o no. Si no la tienen, estos directamente se les dice que la inicien mediante una resolución administrativa y vuelven a la casilla de salida. Esta decisión la toma el servicio de Prevención de Medio Ambiente. Si la tienen, nada más están pendientes de la aprobación definitiva por parte de Fomento y Ordenación Territorio, pero se les denegará. Y los aprobados definitivamente que están recurridos seguirán el mismo camino que los que ya han sido anulados.

Tiempo de recurso

AIONSur. ¿Y los que están aprobados definitivamente y ha pasado el tiempo de recurso?

J.A.M. De momento se ha escapado pero podría plantearse en un futuro una impugnación indirecta, al aprobar un plan parcial por ejemplo. Aquí no hay casos claros en la jurisprudencia, pero hay casos en los que se han admitido indirectos por evaluación ambiental.

Todo esto viene de un principio consagrado por varios tratados europeos y es el principio de integración ambiental. En todas las decisiones administrativas se tiene que tener en cuenta, es un tema transversal la aplicación de ese principio. Lo que la gente debe entender es que nos quejamos de la basura, los residuos, del cambio climático. Y avanzaremos si esas normas administrativas las cumple la Administración. 

AIONSur. Esto no ocurre solo con las leyes de planeamiento urbanístico.

J.A.M. Ha pasado también con las depuradoras. ¿Cuánto está pagando el Estado español y las autonomías en multas a la Unión Europea por no hacer las depuradoras en su tiempo? Se vuelven locos haciendo autopista porque son medidas que llegan a la población, pero cuántas infraestructura han hecho y están abandonadas. Ese dinero deberían haberlo empleado en las depuradoras, hay una directiva que obligaba a que en 2015 tenían que estar funcionando. 

AIONSur. ¿Y cuál es el papel de los ayuntamientos?

J.A.M. Los ayuntamientos tienen responsabilidades muy grandes y mucho poder aunque siempre se están quejando. Sencillamente deben asumir responsabilidades.

La Junta cambia su política urbanística y tumba los PGOU de, al menos, 95 municipios