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Andalucía

Los castañicultores onubenses piden respuestas: «No podemos esperar más»

Los castañicultores de la provincia de Huelva, agrupados en la Plataforma Onubense de Defensa del Castañar (PODC) han afirmado que no pueden esperar por más tiempo las respuestas que necesita el sector. Indican que el castañar de La Sierra onubense atraviesa una ”grave crisis de supervivencia, algo que ya no es noticia porque se ha expresado reiteradamente en todos los medios, acrecentada por el cambio climático o por prácticas culturales poco sostenibles”. Además, critican que “son necesarios recursos económicos específicos para medidas acordadas pero que aún no cuentan con los presupuestos necesarios”.

Sus portavoces han realizado un balance del trabajo desarrollado durante los últimos años y su valoración es francamente negativa. En su opinión, la última legislatura socialista al  de la Junta de Andalucía coincidió con la elaboración de un Plan Estratégico del Castañar de Andalucía que no llegó a tener virtualidad práctica. El cambio de gobierno quedó afectado por la pandemia de la COVID y tocó esperar.

Ante la necesidad de generar un criterio y una voz común en la comarca, en noviembre de 2021 el sector creó la Plataforma Onubense de Defensa del Castañar, integrada por organizaciones agrarias, cooperativas, asociaciones empresariales, forestales y medioambientales de la comarca y representativas del sector del castañar. En febrero de 2022 se inició, a petición de la administración, la elaboración de un documento técnico para la mejora del castañar en la comarca, denominado ‘Directrices Estratégicas del Castañar en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche’. Finalizaron los trabajos y pasaron los meses, hubo presupuestos y la PODC no recibió respuesta de la Junta sobre las actuaciones propuestas. Entretanto, cambiaron las estructuras administrativas, separándose las Consejerías de Agricultura y Sostenibilidad de la Junta, y, pasado un tiempo, al preguntar a la Secretaría General de Agricultura por los planes que tenía sobre el castañar, la Plataforma quedó “asombrada de que los nuevos rectores no conocieran las Directrices Estratégicas, teniendo que empezar casi de cero, otra vez”. Tras las disculpas por parte de la administración, se continuaron los trabajos por la insistencia del sector y la buena voluntad de la Secretaría General de Agricultura, tirando de la Consejería de Sostenibilidad. El fruto fue un documento consensuado con el sector, para trabajar en medidas prioritarias para la mejora del castañar, a poner en marcha en octubre de 2023. Es decir, del conjunto de medidas de las Directrices Estratégicas se seleccionaron aquellas más urgentes para su desarrollo en grupos de trabajo, con el fin de llevarlas a cabo a corto plazo.

Pero hasta la fecha “se han inaugurado solo dos grupos de trabajo sobre algunas de las acciones que, sin embargo, seguimos sin concretar, y nos encontramos con la falta de recursos personales por parte de la administración para llevar la interlocución con el sector y para concretar las actuaciones”, lamentan. Recuerdan la última reunión mantenida con la administración y la tachan de “incomprensible y decepcionante, con algunas dosis de rubor por las excusas que manifestaron ante la falta de concreción y avances”.

La opinión de la Plataforma es que “la administración parece desbordada, que no tiene capacidad, o simplemente no quiere abordar este proceso de gobernanza con celeridad”, y se preguntan “si es esto lo que nos merecemos por nuestro esfuerzo durante generaciones, por mantener un ecosistema singular y de gran valor ecológico y ecosistémico en un espacio natural protegido”. Los castañicultores quieren enterrar la imagen de que “solo sabemos pedir y que no somos viables, por lo que deberíamo desaparecer”, ya que resulta una visión “trasnochada, injusta y fuera de lugar que retrata a quienes la mantienen”

Además, recuerdan que hay iniciativas que son competencia de las administraciones públicas, como generar un sistema de alertas fitosanitarias e incluir las plagas del castañar en la Red de Alerta e Información Fitosanitaria de Andalucía (RAIF), la cual hasta ahora no presta servicio al sector; o investigar las cepas presentes de enfermedades como la del “chancro” y aplicar las soluciones; o la necesaria puesta en marcha de proyectos de investigación orientados al sector por parte del IFAPA (Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica).

Otra de las peticiones que han realizado es que “se determine que el castañar es elegible tanto en su aspecto agrícola como en el forestal en los regímenes de ayudas de las Consejería de Agricultura y de Sostenibilidad, dada su dualidad como cultivo productivo y de ecosistema natural, porque hasta ahora hemos quedado fuera por la falta de atención de los que elaboran las bases”.

Todas estas actuaciones requieren recursos, humanos y económicos, que de momento no han sido asignados, lo que hace pensar a los agricultores onubenses que “invertir en este patrimonio natural para hacerlo más resiliente no está en la agenda política”.

El resumen de la PODC es que “de todo lo que está planteado hacer en las medidas prioritarias, tras seis meses de declarar su urgencia, hay poco hecho y/o presupuestado, salvo la previsión de una campaña contra el hurto de la castaña en la comarca, y el desarrollo de unas pruebas de pelado de castañas”, aspectos que son necesarios, que agradecen y apoyan, pero que consideran del todo insuficientes.

 

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