Las víctimas de la Ley de la Dependencia, aquí y ahora

#dependenciaconnombre Primera parte

Arahal

Se llama Rosario, como se podría llamar Concha, Juana, Manuel, Ramón, Rafael… Tiene 93 años y es víctima de la Ley de la Dependencia. Víctima de los largos plazos que hay que esperar para que le presten la ayuda que le corresponde por Ley y que se pierde en los entresijos de las decisiones políticas. Ha llegado a esta edad, casi sin ayuda, pero ahora la necesita y de manera urgente. Salvar su anonimato es deber de profesión al igual que contar su historia.

Una historia que se puede trasladar con matices a otras familias o casas, a otras edades o situaciones, pero siempre el trasfondo es el mismo. Personas, generalmente de avanzada edad, que llega un momento en sus vidas que no pueden valerse por sí mismas y necesitan ayuda para parte de las tareas cotidianas o, en el peor de los casos, para todo.

Rosario a sus 93 años, con una diabetes avanzada, ha sido más o menos independiente hasta hace poco, pero esta situación, a esas edades, cambia en unos minutos. Así ha sido. Después de casi dos semanas hospitalizada, con los estragos de la enfermedad que han dado la cara de golpe, vuelve a su casa sin que pueda valerse por sí misma.

En 2016, a Rosario le han concedido el Grado 2 que establece la Ley de Dependencia, es decir no se puede valer por sí misma en determinadas tareas cotidianas. Tiene concedida 45 horas, pero meses después no hay todavía presupuesto para atenderla y puede tardar hasta año y medio en llegar, aunque es la última fase del expediente. Y  lo peor, es que, a día de hoy, tienen que volver a valorarla porque ya no puede valerse por sí misma, es decir está en grado III.

En el departamento donde gestiona la Junta de Andalucía estos casos son nombres sin rostros, expedientes que sufren un atasco desde 2015. En muchos casos, el anciano fallece esperando, hasta 6 años o más, desde que lo valoran la primera vez, aunque la propia ley establece un plazo máximo de 6 meses.

Este tardío plazo de tiempo incluye, por ejemplo, una primera valoración de grado I, que hasta ahora no ha tenido derecho a ayuda alguna. Pero en poco tiempo la situación puede pasar del I al III por lo que tienen que volver a valorar y pasar por un trámite administrativo que se prolonga tanto que para muchos acaba siendo tarde. Porque se trata de una población inestable, cuya situación cambia con una caída o con un empeoramiento de una enfermedad que hasta ese momento se ha controlado.

Rosario tiene 630 euros de pensión. Vive sola, no tiene hijos, su marido murió hace unos años. Necesita ayuda ya, de forma urgente. La mitad de su pensión es para pagar un poco de esa ayuda, 300 euros resultan escasos ahora para las 24 horas que necesita de cuidados.

Un auxiliar de ayuda a domicilio viene cuatro días a la semana, una hora, para su aseo personal, a través del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), financiado por la Diputación y prestado por el Ayuntamiento de Arahal. Es uno de los 4 prestaciones básicas de comunitarios, también reflejado en la Ley de Dependencia.

‘Estoy aquí de garrubita’

La Ley de la Dependencia (Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia) la financia la Junta de Andalucía, siempre con retrasos, hasta el punto de que es la administración local la que adelanta el dinero para que este servicio imprescindible no se paralice. Pero qué pasa cuando el Ayuntamiento en cuestión no tiene las cuentas saneadas y no se puede hacer cargo de estos retrasos. En muchos municipios se ha privatizado, lo que según denuncian los responsables políticos, supone un empeoramiento del servicio y de las condiciones de trabajo de las auxiliares de atención domiciliaria.

Mientras, Rosario tiene que comer, bañarse, cambiarse porque no puede ir al baño, tomar su medicación, alimentarse, salir a la compra, en definitiva, vivir en unas condiciones dignas. Sin apenas familia que pelee por ella, salvo una mano amiga de un profesional que no duerme si no se asegura que Rosario está bien. Incluso en esta situación, se puede decir que ha tenido suerte.

Hay personas que acaban en una residencia también donde hay excelentes profesionales que los cuidan, cuando la situación pasa de urgente a urgentísima y, si no se actúa, el dependiente muere solo o algo peor. Rosario no quiere ni pensar que tenga que abandonar su casa. Es todavía capaz de tomar decisiones sobre su propio cuerpo y su vida : ‘Estoy aquí de ‘garrubita’, tenía que haber muerto como mi madre a los 90, y ya llevo tres años más, si me tiene que matar una infección, que lo haga, pero me iré al otro mundo entera’.

Las historias se repiten desde que la Ley de la Dependencia entró en vigor en enero de 2007, hace ya más de 10 años. Y, dicen los técnicos que trabajan día a día con los expedientes, que en Andalucía se trabaja por ella, en comunidades como Valencia, Canarias o Madrid, prácticamente casi no se ha puesto en marcha.

La efectividad del derecho a las prestaciones de dependencia se ha realizado progresiva y gradualmente desde la fecha en la que entra en vigor. Es decir, el grado I se valoraba pero no se le concedía ayuda, no ha sido atendible hasta este año, por eso hay gente que se lleva años esperando una ayuda que no llega.

Desde que gobierna el Partido Popular, no hay dotación presupuestaria para sacar adelante la Ley, todos los 31 de diciembre publica un decreto anunciando que no hay dinero. ‘No la financia y no la han quitado aunque está acabando con ella de forma encubierta’, dice una de las técnicos consultadas por esta web que describe cuáles son los pasos a seguir. Por lo que es la Junta de Andalucía, aunque tarde la que carga con su financiación.

La prestación del servicio de la Ley de Dependencia se solicita a los Ayuntamientos y esta solicitud va a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Después viene un trabajador social de la Junta de Andalucía para elaborar una resolución en la que se otorgan unos puntos que dan derecho o no a ser beneficiario de un recurso (ayuda). Los trabajadores sociales municipales elaboran un informe social y una propuesta (Programa Individual de Atención) de atención al solicitante, siempre consensuada con la familia del solicitante. Este informe se devuelve a la Junta y aquí es donde sufre el parón más largo, puede tardar en concederle las horas de ayuda hasta año y medio.

A finales de julio, el Observatorio de la Dependencia ha presentado un demoledor estudio que afirma que existen unos 120.000 grandes dependientes que siguen sin atenderse aunque se incorporan al sistema dependientes moderados a los que se les da atención mediocre. Cada día fallecen 100 dependientes sin recibir la prestación a la que tienen derecho. Son más de 18.000 los fallecidos hasta junio del 2017, información recogida por el confilegal.com.

Este informe traduce en números las historias humanas de Rosario, Concha, Juana, Manuel, Ramón, Rafael… Números que no son caras, ni historias humanas, y que difícilmente son votos asegurados.