La Junta lamenta los nuevos aranceles impuestos a la aceituna negra sevillana

Sevilla

El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, ha lamentado los nuevos aranceles impuestos por el Gobierno de EEUU a tres empresas andaluzas que exportan aceituna de mesa negra a este país, a las que dos compañías norteamericanas acusan de dumping (cuando un productor vende en un país por debajo del precio al que lo hace en su mercado nacional), subrayando además que las nuevas tasas (del 17,13 %) son “desproporcionadas”.

Estas medidas antidumping afectan no sólo a las tres demandadas (Aceitunas Guadalquivir, Agro Sevilla y Ángel Camacho), sino que son de aplicación a todo el sector y se suman a otras antisubvención (del 4,47%) vigentes desde el pasado mes de noviembre. La suma de ambos aranceles encarece la exportación a EEUU de tal manera que, si se aplican de manera definitiva (el proceso sigue abierto y por lo tanto son provisionales), en la práctica puede suponer la expulsión de este mercado de los productores andaluces.

Sánchez Haro ha recordado que un procedimiento antidumping no es competencia de la Administración porque se trata de un proceso que atañe exclusivamente al ámbito empresarial, pero que aún así “continuaremos ofreciendo el máximo apoyo a las empresas denunciadas”. A su juicio, no estamos ante una situación de competencia desleal de las compañías andaluzas, sino que su posición dominante obedece al “mayor desarrollo de nuestra industria, nuestra gran tradición exportadora y al conocimiento de los mercados exteriores” que tiene el sector.

El consejero considera que, aprovechando la política proteccionista que está desarrollando la Administración presidida por Donald Trump, las compañías demandantes “quieren obtener una ventaja competitiva” ante unas empresas andaluzas que tienen un posicionamiento del 30% en el mercado. La aplicación definitiva de estos derechos antidumping y antisubvención supondría en la práctica el cierre del mercado de EEUU para las aceitunas negras andaluzas, con lo que están en riesgo dos millones de jornales, 300 empresas y en torno a 8.000 trabajadores y trabajadoras fundamentalmente de la comarca de la Sierra Sur de Sevilla. Estas medidas podrían prolongarse durante cinco años, con una pérdida estimada de 350 millones de euros, cantidad que se duplicaría hasta alcanzar los 700 millones de euros si hubiese una prórroga (posibilidad que recoge la legislación norteamericana) y el cierre se extendiera durante un segundo lustro.