La Junta cambia su política urbanística y tumba los PGOU de, al menos, 95 municipios

La publicación del nuevo Decreto-ley 31/2020 del pasado 1 de diciembre, por el que la Junta de Andalucía emprende medidas extraordinarias y urgentes en materia de evaluación ambiental estratégica de determinados instrumentos de planeamiento urbanístico, obligará a empezar de cero la tramitación de los PGOU de, al menos, 95 municipios en Andalucía, entre los que está Arahal.

Este decreto anula la Disposición Adicional Tercera de la Ley 3/2015, vigente hasta el momento. Y supone un cambio en la política urbanística de la Junta de Andalucía. Al menos a 95 municipios afectará este cambio, todos aquellos que han planteado el Plan de Ordenación Urbana (PGOU) sin antes realizar la Evaluación Ambiental Estratégica marcada por la Unión Europea.

Para Juan Antonio Morales, responsable de Urbanismo en Ecologistas en Acción, sin esta evaluación «se degrada el procedimiento de prevención ambiental». Y esto va desde «la desprotección del suelo, que no se impongan medidas para la gestión de residuos o que se use el suelo indebidamente», entre otras cuestiones.

Reiteradas sentencias

Según Ecologistas en Acción, se trata de una decisión adoptada “tras las reiteradas sentencias de las Salas de lo Contencioso Administrativo de Sevilla y Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Ambos establecen que el procedimiento ambiental aplicado por la Junta de Andalucía a los planes urbanísticos no se ajusta a la Directiva Europea 2001/42/CE. Este regula la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) de planes y programas, ni a la ley estatal que la transpone.

Las sentencias más recientes ganadas por Ecologistas en Acción por aplicación incorrecta de la EAE están fechadas en enero de 2019. Entonces, el TSJA anuló una modificación del Plan Especial de Cobre Las Cruces (Sevilla). Así como el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Jaén. En marzo de 2020 se anuló también el PGOU de Chiclana (Cádiz). Y, en septiembre de 2020, se llevó a cabo la anulación de una modificación del PGOU de Sanlúcar La Mayor (Sevilla).

Para esta organización, la Junta “ha venido inventando todo tipo de artificios legales. Lo ha hecho para intentar eludir la aplicación de la EAE, de obligado cumplimiento en todas las Comunidades Autónomas”.

Vulneran la normativa europea

Así es como, explican en un comunicado, que el PSOE promovió la aprobación en 2007 de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (LGICA). En ella excluyó a los planes urbanísticos de someterse a la EAE. Vulnerando la normativa europea que ya era de aplicación obligada desde 2004. “Este instrumento obliga a motivar las propuestas, evaluar ambientalmente todas las alternativas posibles… Y a tener siempre en cuenta la participación ciudadana, desde el inicio de la tramitación de los planes”, concreta la organización.

Sin embargo, denuncian que “en plena burbuja inmobiliaria, el Gobierno de la Junta optó por anteponer los intereses especulativos. Y la corrupción que generó, a la aplicación de normas estatales y europeas”. De hecho, la anulación del PGOU de Marbella por el Tribunal Supremo en octubre de 2015 fue el primer aviso a este urbanismo tramposo.

La Junta se vio obligada a realizar un cambio legislativo. Incluyendo en la Ley 3/2015 la obligación de someter los nuevos planes urbanísticos a la EAE. Ecologistas en Acción dicen que “de nuevo quisieron hacer trampa, incluyendo una disposición que pretendía salvar los 450 planes que estaban en tramitación. Dando por válido el anterior procedimiento ambiental defectuoso establecido en la LGICA, a pesar de que era manifiestamente contrario a la normativa europea y estatal, ya que no incluía la obligada EAE”.

«Política de sostenella y no enmendalla»

Para esta organización, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del PSOE, y más recientemente la de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible del PP, “han seguido con la política de sostenella y no enmendalla”. Por eso “las consecuencias son evidentes, continuos varapalos judiciales que ponen en cuestión toda la política urbanística de la Junta de Andalucía en estos últimos 13 años, y evidencia su desastrosa gestión de la prevención ambiental”.

En septiembre de 2015, Ecologistas en Acción advirtió al entonces Consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, y a la Comisión Parlamentaria que tramitaba la Ley 3/2015, del desastre ambiental que se avecinaba, “advertencia reiterada en otras muchas ocasiones en los siguientes meses y años, en todas y cada una de las alegaciones presentadas a las tramitaciones ambientales de planes urbanísticos”. En todos los casos, “fueron desoídas”. 

El anterior Gobierno de la Junta del PSOE optó “por una huida hacia adelante. Primando la tramitación y aprobación de planes urbanísticos especulativos por encima de la legalidad y de la garantía de evaluación ambiental de los mismos”. El resultado ha sido la anulación en cascada de todos esos planes aprobados sin haber sido sometidos a una auténtica Evaluación Ambiental Estratégica.

Decisión acertada

Por eso, la Junta de Andalucía ha optado por derogar una parte de la Ley 3/2015. Para los ecologistas esta es “una decisión acertada que viene a tumbar los artificios legales del PSOE. Lo hace para promover un urbanismo que eluda someterse a una verdadera Evaluación Ambiental Estratégica, con todas sus consecuencias”

El nuevo Decreto-ley 31/2020 anula la Disposición Adicional Tercera de la Ley 3/2015 que permitió a los planes urbanísticos seguir incumpliendo la Ley estatal 21/2013 de Evaluación Ambiental. Y la Directiva 2001/42/CE en materia de EAE. Y también establece el nuevo Decreto-ley que todos esos planes que actualmente siguen en tramitación, deberán reiniciarse desde el principio.Los que hayan obtenido la Declaración Ambiental Estratégica (DAE), se les denegará la aprobación definitiva, anulándose todas las DAEs aprobadas fraudulentamente.

Para Ecologistas en Acción la medida es «tardía e insuficiente”. Pero “muy satisfactoria”. No obstante, advierte que hay otros recursos pendientes de sentencia. Y son planes aprobados definitivamente susceptibles de ser recurridos. Y otros aspectos de la LGICA andaluza, no contemplados en el nuevo Decreto-ley, que pueden ser lesivos para el medio ambiente. En este caso citan la exclusión de ciertos planes que no se han sometido a la EAE. O cuyo contenido es insuficiente con respecto al estudio ambiental, entre otras cuestiones. Esto quiere decir, que el número de planes anulados podría incrementarse en el futuro.

Legislación tramposa

Para la organización ecologista, “esta acertada medida de derogación de la legislación tramposa del PSOE debe suponer un compromiso de una Evaluación Ambiental Estratégica rigurosa de los planes urbanísticos”. Y la razón es que así se prima la rehabilitación y mejora de las ciudades existentes sobre la expansión urbanística injustificada. Además de promoverse una movilidad sostenible, la reducción del consumo de recursos naturales, la protección del paisaje, la economía circular, medidas contra el cambio climático y el cierre de cualquier opción a la especulación urbanística, garantizando el derecho constitucional a una vivienda digna.

En este sentido exponen que para conseguir estos objetivos, la Junta tiene que hacer una modificación sustancial del proyecto de Ley de Impulso a la Sostenibilidad Territorial de Andalucía (LISTA). De nuevo, “prioriza el urbanismo especulativo sobre la sostenibilidad territorial y ambiental”.

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