La guardia Civil tomó muestras de Dasy en 2013

JAS.-En mayo de 2013 la Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla, inicia pesquisas sobre los vertidos de la empresa, derivando el caso al juzgado de Osuna, a raíz de una denuncia de Ecologistas en Acción. A raíz de ésta denuncia, la Fiscalía ordena a la Guardia Civil la toma de muestras sobre toxicología, gestión de residuos, gasto de agua y “posibles responsabilidades de la planta”, según recoge el escrito de la Fiscalía, en poder de ésta redacción.

El resultado según éste escrito es que “por percepción directa”, la Guardia Civil no pudo demostrar entonces, -de noviembre a marzo- “la emisión de vertidos” si bien indica estar a la espera de una prueba pericial para cotejar muestras del lugar del supuesto vertido de grasas con el contenido de la balsa de la empresa. Además pide al Instituto de Toxicología el resultado de las analíticas y una declaración judicial de los denunciados , si procediese.

Parte del texto que la Fiscalía de Medio Ambiente envió al Juzgado de Osuna el año pasado

Según ha confirmado hoy la Fiscalía a ésta redacción, dicha denuncia fue sobreseída por el juzgado de Osuna, aunque José Luis Anguita, responsable de Ecologistas en Acción en Sevilla, asegura no haber recibido comunicación oficial en este sentido, motivo por el cual no ha podido recurrir dicho sobreseimiento.

Anguita ha confirmado que finalmente no presentaron denuncia ante la Unión Europea, tal como era su intención, por falta de medios.

Anguita entiende que hay un “apoyo manifiesto” de la Junta de Andalucía a la actividad de la empresa, en lo tocante a política de gestión de residuos, “en vez de apostar por el compostaje”. Además explica que la administración andaluza y el Ayuntamiento de Osuna ha dado todos los permisos a la empresa. Explica que de confirmarse que se mezclaron restos de C1 con C3 habría “penas de cárcel” para los directivos de la empresa y estima que las evidencias contra la empresa deben ser “muy sólidas” para que se inicie una operación policial de tal envergadura.

Sanciones y pesquisas desde 2009

Los ecologistas, el Seprona y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir habían iniciado pesquisas sobre la actividad de la empresa Dasy Organización en Osuna desde 2009.

El Seprona realizó una toma de muestras de los piensos producidos en la factoría en 2009. Ya entonces la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir había iniciado varios expedientes sancionadores sobre los vertidos líquidos de la empresa.

La Junta impidió que la empresa construyese en una laguna

En 2009 la Junta de Andalucía inventarió la laguna de El Arenosillo, a un kilómetro de la fábrica, como zona protegida. De esta forma y tras las quejas de Ecologistas en Acción, lograron frenar la intención de Dasy de construir sobre la laguna.

Este mismo grupo ecologista presentó 40 folios de alegaciones contra la ampliación de la planta, que fue autorizada por la Junta. La empresa compró un olivar aledaño donde se está construyendo actualmente dicha ampliación.

En 2012 Ecologistas en Acción denunció vertidos orgánicos líquidos de la empresa Dasy al arroyo Salado que llegaban hasta la Laguna Ojuelos, donde anidan aves protegidas como la avutarda, afectada por la ZEPA, zona de especial protección de aves. La empresa desmintió que tales acusaciones fuesen ciertas como había hecho en ocasiones anteriores.

Las actuaciones policiales sobre Dasy siguen estando sujetas al secreto de sumario

Condena contra José María Gimeno

El Gerente y administrador de Dasy y Grupo PGG, José María Gimeno Borrás, fue condenado en 2001 por la Sección Quinta de la Audiencia de Barcelona a cuatro años de prisión y a tres de inhabilitación especial para el ejercicio de actividades industriales en este ramo como autor responsable de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.

La sentencia declaró probado que la empresa de Gimeno realizó a lo largo de 1999, intencionadamente, en horas nocturnas y sin la depuración adecuada, numerosos vertidos de aguas residuales a un canal pluvial -habitualmente seco- que desemboca en la laguna del Remolar, una reserva natural y zona de especial protección para las aves situada en el delta del Llobregat.

El tribunal estimó que los vertidos ‘deterioraron de forma grave las condiciones de vida animal y vegetal’ del canal pluvial, que a partir de su paso por esta industria ha sufrido un impacto ambiental negativo de tipo visual, sanitario, olfativo e hidráulico, y ha quedado ‘convertido en una cloaca portadora de aguas oscuras con fuerte mal olor, intensa falta de oxígeno y presencia de grasas y amoniaco’.