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A los empleados del sector de cítricos se les adeudaba sueldos desde enero y no estaban dados de alta en la Seguridad Social. La denuncia fue realizada por la responsable del sector agroalimentario de CC.OO. a finales del mes de marzo, cuando el número de afectados se estimaba en 150. Ahora ya se encuentra en 500 de toda la provincia.

Agentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla han imputado a los responsables de la empresa Estirpe Hispalense S.L. (Administradora Única y Apoderado), por delitos de estafa y contra los derechos de los trabajadores en el marco de la Operacíón Punisher.

Tras la denuncia inicial de la responsable del sector agroalimentario de CC.OO. a finales del mes de marzo, cuando el número de afectados se estimaba en 150 (según publicábamos este jueves en una información de nuestro compañero José A. Suárez, la cifra ascendía a 500 trabajadores de toda la provincia), la Guardia Civil inicia una investigación en la que comienza tomando  declaración a distintos representantes de cooperativas agrarias y cuadrillas que realizaron labores del campo relacionadas con la investigación, así como la recopilación de numerosa documentación en la que se consolidaría el contenido de la denuncia.

De estas actuaciones se evidencia la existencia de deudas con un considerable grupo de trabajadores del campo por parte de esta empresa por  los servicios prestados. También, que la empresa hacía de intermediaria entre las cooperativas de las que cobraba para pagar y los trabajadores a los que no pagaba y,  por último, que existían indicios de que los componentes de las cuadrillas habrían trabajado sin estar de alta en la Seguridad Social, según lo recogido en los convenios.

Tras tomar manifestación a los imputados por estafa y contra los derechos de los trabajadores, J.J.R.M Y R.F.B., apoderado y administradora única de la empresa Estirpe Hispalense S.L., la Guardia civil refuerza la tesis de que J.J.R.M. asumía el papel activo en la relación con las empresas y contratación con los trabajadores, incurriendo en multitud de irregularidades; mientras que la administradora, R.F.B., habría incurrido en responsabilidades por dejación de funciones con respecto a la empresa de la que era administradora.

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