La declaración del dueño de Dasy Osuna, clave para el caso

La inminente declaración judicial del dueño de la fábrica Dasy de Osuna, José María Gimeno, será clave en la investigación judicial y de la Guardia Civil, para esclarecer si bajo sus órdenes se mezclaban restos de piensos de animales enfermos que consumían animales de abasto llegando a la cadena humana. La investigación sigue bajo secreto de sumario y todas las fuentes relacionadas con el caso, guardan un fuerte silencio por miedo. 

Entrada a la fábrica Dasy en Osuna

El empresario catalán, propietario de PGG  condenado en 2001 a cuatro años por delito ambiental, permanecía desaparecido tras el estallido del «Caso Dasy» hasta que el pasado viernes se reunió con los 80 trabajadores de la fábrica de Osuna para tranquilizarlos y contrarrestar los síntomas de incipiente paralización que mostraba la planta de Osuna, tras el impacto negativo de la noticia en sus ventas. Según publicó ABC de Sevilla la Guardia Civil ha imputado a 15 personas en una operación con ramificaciones en Extremadura, Cataluña, Osuna y Render Grasas, en Salteras.

Aunque no se espera que Gimeno revele nada comprometedor frente a la justicia, -le defienden los mejores abogados de España-, todas las miradas estarán puestas sobre él. Los primeros, los trabajadores, que desconocen a día de hoy si sus empleos tendrán continuidad. La semana pasada representantes de UGT se reunieron la Consejería de Agricultura, para poner sobre la mesa el inminente conflicto laboral que supondría un ERE sobre la planta.

En segundo lugar la administración, la Consejería de Agricultura, que le dio una concesión para la recogida y eliminación de animales enfermos, conociendo que había sido previamente condenado por delito ambiental, le concedió todos los permisos y certificados de calidad ambiental, y subvenciones, la última de ellas, por valor de 618.990 euros en 2013. La Junta de Andalucía mantiene silencio sobre el caso escudándose en el secreto oficial, y algunos portavoces oficiales niegan que la contaminación haya pasado a la cadena alimenticia humana.

La Guardia Civil ha registrado la documentación de la Consejería de Agricultura en busca de datos, además de la sede central de la empresa en Ribera de Ondara Lleida. La Consejería confirmó haber encontrado un almacén ilegal con 642 toneladas de piensos C1 contaminados en Santaella, Córdoba.  Luis Vázquez Muñoz, jefe de Sanidad Animal de la Consejería de Agricultura en Sevilla, encargado durante años de inspeccionar la fábrica sin detectar nada extraño sigue en su cargo, por la presunción de inocencia, afirma la Consejería de Agricultura y hasta que no se levante el secreto de sumario.

Vertidos de Dasy denunciados por los Ecologistas

La Consejera de Agricultura responderá en el Parlamento Andaluz ésta semana a una pregunta sobre éste tema presentada por el responsable de agricultura del PP, Miguel Angel Araúz, natural de Osuna. Por su parte Rubén Sánchez de Facua, Consumidores en Acción, en declaraciones realizadas a ABC-Sevilla, pide a la Junta que establezca las cautelas necesarias en el caso de que se detecte carne de abasto contaminada por éstos piensos.

Elena Viboras, Consejera de Agricultura

En 2009 la Junta de Andalucía inventarió la laguna de El Arenosillo, a un kilómetro de la fábrica, como zona protegida. De esta forma y tras las quejas de Ecologistas en Acción, lograron frenar la intención de Dasy de construir sobre la laguna. Este mismo grupo ecologista presentó 40 folios de alegaciones contra la ampliación de la planta, que fue autorizada por la Junta. La empresa compró un olivar aledaño para construir la ampliación, en su fase de cimientos.

la Junta guardia silencio oficial sobre el caso. Pero una cosa es la instrucción judicial y otra muy distinta la política de gestión de residuos animales de la Junta de Andalucía, mantenida durante las últimas décadas, y la necesaria vigilancia sobre salud agro-alimentaria.

En tercer lugar los ecologistas que durante años han estado denunciando las posibles irregularidades ambientales en ésta empresa.  El Seprona realizó una toma de muestras de los piensos producidos en la factoría en 2009. Ya entonces la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir había iniciado varios expedientes sancionadores sobre los vertidos líquidos de la empresa.

En mayo de 2013 la Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla, inició pesquisas sobre los vertidos de la empresa, derivando el caso al juzgado de Osuna, a raíz de una denuncia de Ecologistas en Acción. La Fiscalía ordenó a la Guardia Civil la toma de muestras sobre toxicología y gestión de residuos.

Trabajadores, Ecologistas y Administración está esperando a que se levante el secreto de sumario para conocer el alcance real del caso, los imputados, los delitos. Solo entonces se podrá conocer las repercusiones que la actividad de ésta empresa ha tenido para la salud humana, pero además si habrá repercusiones políticas, económicas, laborales, medioambientales, etc.