La alcaldesa de Marchena solicita a la Subdelegación seguridad con licencia de armas para suplir las bajas de la policía

El conflicto laboral entre la Policía Local de Marchena y la alcaldesa, María del Mar Romero, ha entrado en otra fase. Esta mañana la regidora ha anunciado que solicitará contratar seguridad privada, con guardias armados, para suplir a los policías locales actualmente de baja, 26 de 32, tres de ellos en prácticas. Romero dice que la petición la ha realizado a la Subdelegación del Gobierno y está a la espera de la contestación.

La alcaldesa de Marchena, ha concretado a esta web sobre lo que de momento lo ha solicitado y «de prosperar se contratará, para tranquilidad de los agentes en activo, pero aún no hemos recibido resolución».

Seguridad contratada

Según fuentes policiales, la regidora marchenera también les ha explicado cómo sería el servicio. En este sentido cuentan que “uno de los guardias de la seguridad privada se quedaría en Jefatura y otro acompañará al agente de servicio bajo sus órdenes”. Y “cuando no haya nadie de servicio, se quedará el guardia de seguridad armado custodiando los armeros”. 

Todavía no hay resolución al respecto a la solicitud, «si prospera esta solicitud, contrataré para tranquilidad de los agentes en activo y quien resuelve es la Delegación del Gobierno». Por eso, de momento, “se ha informado al subinspector y al agente en servicio en el turno de mañana que se ha solicitado por Alcaldía este recurso legal, dada la situación de bajas en la plantilla». Aunque, insiste, en que «aún no tenemos resolución”. 

Encuentro con el PP de Sevilla

La presidenta del PP en Sevilla, Virginia Pérez, ha mantenido esta mañana un encuentro con los sindicatos y parte de los policías locales, han contado su versión sobre el conflicto laboral que mantiene a 23 de los 32 policías locales (tres de ellos en prácticas) de baja médica por ansiedad o depresión. A este encuentro también han asistido el secretario del PP de Sevilla, Juan de la Rosa, la portavoz del PP en la Diputación, Mª Eugenia Moreno, y la portavoz del PP en Marchena, Esther Álvarez.

Para Virginia Pérez lo peor de este conflicto no es sólo el problema de la seguridad de Marchena “que existe y es importante” sino “la salud de estos trabajadores que está relacionada con el trato que se le dispensa de quienes tienen la obligación de desarrollar en condiciones acorde a Ley de los cuadrantes”.

Para la presidenta popular es “inadmisible e inasumible” que se tenga “un centro de trabajo con 23 personas de baja por depresión y ansiedad”. En su criterio lo que hacen los agentes es reivindicar poder realizar su trabajo “con un mínimo de seguridad” y resaltó el relato de uno de los policías presentes que tuvo que salir de madrugada solo a un bar donde habían dado un aviso de robo. El agente lo explicaba así: “Llegué al bar con dos linternas y le di una al propietario, entré sin saber qué me iba a encontrar”.

Sentarse a negociar

Según los representantes sindicales asistentes a esa reunión, el conflicto laboral existe porque la alcaldesa se niega a sentarse a dialogar con los representantes sindicales. “Sigue insistiendo en que para sentarse a negociar tenemos que hacer 1.512 horas anuales y cubrir las fiestas, eso no es negociar”, dice Ramón López, uno de los representantes sindicales. Este policía contó que hay días en los que la comisaría está cerrada por la falta de agentes. “Del martes pasado al sábado sólo hubo turno de mañana, el resto del tiempo permaneció cerrada”.

Asimismo, han denunciado que desde que la alcaldesa “ha impuesto el nuevo cuadrante” han pasado a cobrar de 20 a 13 euros la hora. Y en la aplicación del cuadrante no saben hasta unos días antes en qué turno tienen que trabajar la semana siguiente. «Una limpiadora cobra 10 euros la hora casi lo mismo que un policía», añadió la portavoz local del PP. En su intervención denunció que «la alcaldesa envía por whastapp información sobre la Policía».

Para la representante provincial del PP, los agentes se han acogido a una baja médica ante la nefasta gestión de la alcaldesa que ha derivado en horarios leoninos, menos medios y recursos para ejercer sus funciones con seguridad”.

«Echar mierda»

En cuanto al planteamiento de contratar seguridad privada y a la autorización en este sentido de la Subdelegación del Gobierno, la representante del PP dice que “de ser cierto, pedimos rectificación inmediata”.

Además denuncian que ante esta situación, «no solo hay 23 policías locales que han tenido que recibir la baja médica por la presión y la ansiedad que supone esta persecución, sino que se han visto obligados a interponer denuncias contra la alcaldesa por acoso y vulneración de la protección de datos”. Se refieren a las nóminas que ha hecho pública la alcaldesa para demostrar el salario de los policías, aunque tenían tachado los datos.

Para los representantes sindicales, La alcaldesa no ha hecho más que «echar mierda» a la policía desde que empezó el conflicto para «dejarnos mal ante la población». Y, también aseguran que ha creado perfiles falsos «de un tal Imanol de Madrid que estaba muy bien informado de todo».

Pregunta en el Congreso

Por su parte, la diputada de VOX en el Congreso de los Diputados por Sevilla, Reyes Romero, ha registrado una pregunta para que sea contestada por el Gobierno en relación a la grave situación de orden público que se registra en Marchena.

Romero asegura que “los vecinos de Marchena están vendidos, ellos son conscientes de la realidad de la misma manera que los delincuentes saben que este municipio es terreno abonado para la actividad ilícita pues difícilmente se encontrarán en su camino a un Policía o un Guardia Civil”.

Reyes Romero ha preguntado al Gobierno sobre las previsiones del Ministerio del Interior  para reforzar la seguridad de una localidad que «lleva meses casi sin presencia policial en sus calles”. Al respeto, ha advertido que “los marcheneros están soportando con cierto heroísmo la ausencia total de seguridad en Marchena». Y todo esto «ante la desidia de las autoridades municipales que prefieren no molestar al Gobierno de Pedro Sánchez con este tipo de cuestiones que consideran secundario, pues de otra manera no se entiende que un municipio como Marchena no cuente con un mínimo de seguridad”.

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