La alcaldesa de Marchena dice que parte de la Policía y la oposición «llaman a la delincuencia al pueblo»

A raíz de la detención el pasado sábado en Marchena del vecino de Arahal, responsable, presuntamente, de varios asaltos en la localidad, la alcaldesa de Marchena, María del Mar Romero, asegura que el hecho de que los delincuentes de la comarca cometan delitos en su localidad «podría ser responsabilidad de los policías, sindicalistas y grupos de la oposición que realizan una llamada pública a la delincuencia desde sus redes sociales y medios de comunicación».

A esta conclusión ha llegado la regidora de Marchena. Romero lleva desde febrero enfrentada a la Policía Local. Se debe a un conflicto laboral que mantiene a 23 policías de baja médica. La plantilla la forman 31. La semana pasada anunció la contratación de seguridad privada para apoyar la labor policial y ofrecer más seguridad en las calles de la localidad.

Las denuncias atraen a la delincuencia hasta el pueblo

Para la alcaldesa, las denuncias realizadas a raíz de esta contratación por parte de la oposición y de los sindicatos policiales, está atrayendo a los delincuentes al pueblo. Y como ejemplo puso al citado vecino de Arahal, al que se le atribuyen varios asaltos en viviendas.

La primera edil denuncia que estas acciones son «un ejercicio de absoluta irresponsabilidad, del todo punto reprochable y que pueden ser hasta sancionable».

Para la alcaldesa, los hechos son un falta de respeto al Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Policía Local. Así como a la representación sindical. Y es que «en los principios que inspiran su profesión lo último que tienen que hacer es llamar a la delincuencia al pueblo».

Los índices de criminalidad muy por debajo de la media

En este sentido, dice Romero, que, a pesar del intento que han hecho para que en Marchena se registrara una «gran cantidad de delincuencia en los últimos meses, hemos tenido el pueblo vigilado por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, con refuerzo de la Guardia Civil y ahora con el  la seguridad privada. De manera que los índices de criminalidad en Marchena están muy por debajo del resto de Sevilla y de la media nacional». Para la regidora, han intentado «provocar en el pueblo un alerta ciudadana aprovechando el conflicto laboral que hay detrás».

La primera edil insiste en que lo único que les pide es que trabajen 35 horas por semana en cómputo anual. «Ni los estoy acosando ni haciendo mobbing». Explica que la baja masiva se produce antes de la pandemia.  De hecho, «hemos estado ya dentro de la pandemia con 4 agentes para todo el término, necesitando el refuerzo del Ejército de Tierra, de la UME y de Guardia Civil porque el 16 de marzo ya teníamos 22 bajas».

Al respecto de esta ayuda, muestra su agradecimiento a los policías que han seguido trabajando. Estos «lo hacen lo mejor que saben y pueden. A pesar de que lo han pasado mal porque se han visto realizando servicios en solitario en estos meses». Ya esta situación se ha solventado con la incorporación de la seguridad privada «todos los turnos tienen un mínimo de tres efectivos».

Denuncia del Sppme

El Sindicato Profesional de la Policía Municipal de España (Sppme), por medio de un comunicado hecho público la semana pasada, avisa de que la primera edil pretende utilizar «de forma improcedente» a una empresa de seguridad, «para funciones que son propias de su Policía Local».

Para ellos la alcaldesa «persevera en su contumaz espiral de despropósitos, ilegalidades y cacicadas, que solo vienen a demostrar su incapacidad como gestora de lo público y su falta de respeto hacia todos los marcheneros», involucrando en el conflicto «a una empresa privada de vigilancia de la vecina localidad de Arahal».

A su vez, consideran que la primera edil marchenera realiza «una utilización miserable de esta empresa de dudosa, como poco, validez jurídica para realizar las funciones que se le asignan». Y, por ello, «pone de manifiesto lo poco que le preocupa la seguridad de su municipio y la grave problemática jurídica que puede conducir a la empresa y a sus empleados, de persistir la prestación de esos supuestos servicios de vigilancia», aseguran.

Para el sindicato la situación de bajas en la localidad alcanza «límites abrumadores». Y esto, a su entender, es una «huida hacia adelante que puede acarrear incalculables consecuencias, que van a sufrir los ciudadanos de Marchena, de las que serán únicos y últimos responsables la alcaldesa y los empleados de la empresa Iris Seguridad».

Por esta razón piden a las empresa que «recomiende a sus empleados que las labores que desempeñen en las calles marcheneras sean adecuadas y procedentes con la legalidad vigente. Y que no se presten a la manipulación interesada de alcaldesa, que solo busca salvar una coyuntura de la que sólo ella es responsable».

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