En julio el juez decide si se paraliza o no el proceso administrativo de la IGP

ASEMESA interpuso un recurso contencioso administrativo contra la Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía que apoyo el proceso de la IGP para la aceituna sevillana manzanilla y gordal

AIONSur Arahal

La Indicación Geográfica Protegida (IGP) para la aceituna manzanilla y gordal sevillana en trámites de resolución en la Unión Europea tiene aún que salvar un escollo en España. Julio es clave ya que en este mes se espera que el juez se pronuncie a favor o en contra del proceso administrativo aprobado por la Junta de Andalucía después del contencioso interpuesto por ASEMESA.

Que los intereses de los agricultores son contrarios a lo de los industriales se ha podido ver en el proceso realizado para conseguir una figura que protege la calidad de un producto clave en la provincia de Sevilla: la aceituna. ASEMESA ha sido la única organización que ha presentado un contencioso administrativo que pueden paralizar el proceso.

ASEMESA presentó ante el juzgado un recurso contencioso administrativo contra la Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía del 11 de mayo de 2016, BOJA nº 92 del 17/05/2016, por la que se emite decisión favorable a las IGP manzanilla e IGP gordal. Este recurso se divide en dos partes, la primera es propiamente la querella contra la Junta, la segunda la petición de que el juez tome medidas cautelares que paralizarían el proceso. Sobre esta segunda parte, la decisión judicial se espera para el próximo mes de julio.

De este y otros datos informó el abogado de la Asociación para la Promoción de la Aceituna Sevillana (APAs) en una reunión que tuvo lugar la semana pasada, a la que asistió entre otros el alcalde de Arahal, Miguel Ángel Márquez.

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Gran varapalo

Márquez ha explicado a AIONSur que el proceso y tramitación de la IGP en la Unión Europea va a buen ritmo. ‘No han dejado de pedir documentos a la APAs lo que significa que están estudiándolo’, añade. Pero asegura que ‘todos estamos a la espera de la decisión que tome el juez sobre las medidas cautelares, si ordena la paralización será un gran varapalo para el proyecto en sí’.

La organización agraria COAG se personó junto con la APAS en el proceso judicial. EL TSJA admitió esta personación y ambas organizaciones son codemandadas, junto con la Junta de Andalucía, que publicó la Orden.

Para las organizaciones que pusieron en marcha el proceso, la IGP representa una garantía tanto para el productor como para el consumidor, ya que obliga a diferenciar el origen y la calidad de la aceituna.

La COAG dice que  ‘ASEMESA y las multinacionales que aglutina no le interesa esto y prefiere un mercado en el que todos los productos estén mezclados e indiferenciados’. Es decir sus intereses van en contra de establecer una diferenciación avalada por el sello de calidad que está ahora en trámites en la UE y contó con el apoyo de la Administración regional.

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