EXCLUSIVA AION: La vida en la cárcel de Morón del yihadista preso tras los atentados de Barcelona

EXCLUSIVA AION: La vida en la cárcel de Morón del yihadista preso tras los atentados de Barcelona

Fermín Cabanillas/Morón de la Frontera (Sevilla)

Said Ben Iazza es, en apariencia, un interno más de la cárcel Sevilla II, la prisión de Morón de la Frontera. Pero su historia va más allá, porque se le considera responsable (como colaborador) de uno de los atentados más sangrientos que ha sufrido España en su historia reciente, el de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017.

A sus 25 años de edad, lleva una vida todo lo tranquila que su situación le permite en la cárcel sevillana. Está en régimen cerrado, con una «limitación regimental», separado del resto de los presos, y es así por su propia seguridad. Ante la presencia de determinados presos en las cárceles (terroristas, violadores, pederastas, etc.) se activan protocolos de seguridad que hagan que la propia población reclusa no tenga acceso a ellos, por el rechazo que determinados delitos provocan entre los propios presos.

Preventiva

Por eso, Iazza, uno de los tres en situación de prisión preventiva por los atentados, vive en medio de medidas de seguridad continuas, pero que está aceptando sin provocar problemas ni al resto de presos ni funcionarios. «No es un preso conflictivo”, explican a AION SUR fuentes de la prisión, donde se encuentra desde hace varios meses, y de la que posiblemente salga antes de que se celebre el juicio para ir a otra cárcel, ya que este tipo de presos no suele estar mucho tiempo en el mismo centro penitenciario.

En su ficha en la prisión moronensa, se refleja que nació en Marruecos en 1993, y cuando se produjeron los atentados llevaba siete años en España. Vivió en Barcelona entre 2011 y 2015, y desde entonces y hasta que se produjeron los atentados se encontraba en la localidad castellonense de Vinaroz.

En una carnicería

Trabajaba en una carnicería halal, una actividad de relacionada con su religión islámica de limpieza y despiece de carne, con clientes no sólo musulmanes, sino gente de todo tipo en el pueblo. La carnicería es propiedad de sus tíos, y en la casa de estos vivía. El grueso de su familia sigue en Marruecos.

Según el auto del juez que ordenó su ingreso en prisión, Said Ben Iazza facilitó su documentación a los autores de la masacre para comprar, el 12 de julio, 100 litros de peróxido de hidrógeno en un establecimiento de Tortosa (Tarragona).

El material fue trasladado en un vehículo que habitualmente utilizaba Ben Iazza, que le habría dejado, al igual que la documentación, a Younes Abouyaaqoub, conductor de la furgoneta que entró en la Rambla y se llevó por delante a decenas de personas, y que fue abatido cuatro días después por los Mossos d’Esquadra en Subirats.

Peróxido de hidrógeno

Después de comprar esos 100 litros, quince días después, Mohamed Hichamy y Youssef Aalla -ambos fallecidos- adquirieron, según la resolución del juez, 240 litros de peróxido de hidrógeno «aportando para ello, nuevamente, la documentación de Said Ben Iazza».

El joven marroquí fue llamado por la Guardia Civil a declarar como testigo. Pocos días después era detenido, acusado de ser presunto colaborador necesario para la realización de los atentados. Desde entonces, está en la cárcel de Morón.

“Extremadamente religioso, pero no violento”

Said Ben Iazza se mantiene en situación penal de preso preventivo. Es extremadamente religioso, pero no violento. Las fuentes consultadas insisten en separar estos dos conceptos, unidos en ocasiones a muchas informaciones sobre atentados islamistas. En la cárcel de Morón, como en otras prisiones españolas, funciona un programa de “desradicalización violenta”, mediante el que se trabaja con presos con ideas radicales para intentar reconducir su postura.

Sin embargo, Jazza no puede acogerse a él por ahora (en caso de que quisiera), porque contra él no hay una sentencia firme, con lo que se presume el principio de presunción de inocencia. Una de las  claves de este programa y otros que se aplican a los presos, es asumir el delito impuesto en sentencia firma y, por supuesto, la voluntariedad. Es decir, el preso que quiere apoyarse en ese programa tiene que solicitarlo.

No asume el delito

Sin embargo, el joven marroquí no parece dispuesto a asumir un delito que, sostiene, no cometió. A día de hoy mantiene la versión de no tener contacto con los autores del atentado, e indica que les dejó el NIE a dos desconocidos para que alquilasen la furgoneta y con ella poder adquirir productos de limpieza.

El NIE es una especie de pasaporte. Se basa en un número emitido por la Dirección General de Policía para aquellos no nacionales que tengan permiso para residir en España. Está compuesto por una letra, siete números y un código de verificación, y supone una garantía tanto para su estancia en el país como para poder trabajar en el mismo.

Los que rodean a este preso en concreto le dan cierta veracidad a su declaración. Hay muchos extranjeros que ceden su NIE a otros, como ocurre en delitos de narcotráfico, para adquirir números de teléfonos móviles  y no puedan rastrear las llamadas ya que llaman desde otro usuario.

En ese contexto, y en base a su alta religiosidad, este preso asume las consecuencias de sus actos y remarca no tener constancia que iban a atentar, sino que su NIE se iba a usar para otro fin.

Seguimiento continuo, cacheos y registros

Said Ben Iazza, como el resto de presos en España con especiales incidencias por sus presuntos delitos en la sociedad, tiene un seguimiento dentro del Fichero de Internos de Especial Seguimiento (FIES). Los reclusos afectados por estos programas de intervención se dividen en varios grupos, y este preso está en el Grupo A. Ahí están los condenados por pertenencia o colaboración con grupo terrorista, alojados siempre departamentos de Régimen Cerrado, con intervención de las comunicaciones y control de todas sus actividades quedando separados del resto de la población reclusa.

Concretamente, se encuentra en aislamiento, con lo que la relación con el resto de internos es muy limitada. Sólo puede salir al patio tres horas al día, y en ese momento sólo puede estar con cinco presos como máximo. Tanto a la salida de la celda como a su regreso, es cacheado. Además, tiene intervenidas todas las comunicaciones y relación con el exterior. Sólo puede hablar con los demás presos y los funcionarios. Se le controlan, así, las actividades que realiza, la relación con tras internos, con funcionarios y profesionales externos y con asociaciones y ONG´s. Su celda es revisada casi a diario, se le controla el correo que recibe, el dinero, los paquetes y los libros, y su seguimiento es actualizado informáticamente para cualquier novedad que haya que incluir en el mismo.

De momento, no se plantea pasarle al Grupo B, que es donde están los presos que realizan una labor de liderazgo, captador y reclutador, fomentando la difusión de ideología extremista y radical bien a través de la presión o bien a través de pequeños favores. Existe también el Grupo C, y en él están aquellos internos, que por su débil personalidad ,son susceptibles de captados por los radicalizados.

Las cárceles españolas, en datos

Actualmente, el Sistema Penitenciario Español dispone de 83 Centros Penitenciarios, de los cuales 13 son Centros de Inserción Social (CIS) independientes. La población reclusa alcanza la cifra de casi 55.000 internos. De estos, más de 13.000 son extranjeros, y unos 6000, profesan la religión musulmana.

Para atender a sus funciones, existen 23.187 empleados públicos, de los cuales 20.867 son funcionarios. El personal se divide por áreas de Actividad: Vigilancia, Administrativa, Intervención-Tratamiento, Sanitaria y Directiva.

El programa de desradicalización se imparte sólo por personal del equipo técnico (psicólogos) muy especializados y en determinados centros. Dicho programa ha sido diseñado por los mismo profesionales, sin poder tener acceso el resto de funcionarios.

Sin formación

Sin embargo, la formación a los profesionales penitenciarios por parte de la Administración es nula, aún viendo que es un problema multidisciplinar y que hay que abordar desde todas las áreas, como vigilancia, trabajadores sociales, educadores,  juristas, psicólogos, administrativa… A día de hoy, solo el sindicato ACAIP, en el marco de la Comisión Europea y en colaboración con la Universidad de Granada y la Fundación Euroárabe de Altos Estudios ha ofertado formación real para afrontar esta problemática creciente en prisiones.

El programa trabaja usando la misma clasificación que los equipos de control y seguimiento. Todo lo que se hace con los presos islamistas se controla desde el Grupo de Control y Seguimiento, que actualmente se encuentra en un período de adaptación y reorganización. Sus funciones las realiza la unidad de la Guardia Civil en la Coordinación de Seguridad.

Originariamente, se creó para la recepción y remisión de la información generada por los grupos destinados en los centros penitenciarios. Se encargaba de mantener y actualizar una base de datos con información relevante. Trasladaba la información a los organismos conjuntos de coordinación informativa (CITCO YCNCA). Este grupo generaba y trasladaba instrucciones a los centros penitenciarios a requerimiento de otras administraciones. Entre ellas, Justicia, Guardia Civil y Policía, y se encargaba de la coordinación y comunicación con los directores de cada prisión.

Controles

Hasta ahora, se han realizado controles y seguimientos a 1.500 internos desde la puesta en marcha de los grupos de control. En la actualidad, el programa  de intervención se dirige a 228 reclusos. De ellos, 115 son condenados por terrorismo, 33 reclutadores y 80 presos. En la conducta de todos ellos se han dado muestras de radicalización.

En ese contexto, Said Ben Iazza espera pacientemente a que se fije la fecha del juicio para salir de la cárcel. Su delito es menor en comparación con el de los autores materiales, aunque la consecuencia de haber dejado su documentación para un fin terrorista le puede mantener en prisión al menos durante los próximos diez años.