Un estudio revela la necesidad de los inmigrantes de dejar sus asentamientos

El 94 por ciento de los inmigrantes que viven en chabolas en Lepe (Huelva) quieren salir de ellas y ocupar una vivienda, como uno de los datos más llamativos del estudio ‘Agenda 2020’, que se marca el objetivo de ese año para erradicar el problema del chabolismo en el municipio onubense.

Una situación en la que, según ese mismo estudio, viven en Lepe más de 1.100 personas de forma estable, procedentes de distintos puntos de España y de Argelia, Bulgaria, Gambia, Ghana, Guinea Konacry, Guinea, Mali, Marruecos, Mauritania, Portugal y Senegal.

Se trata de un estudio al que ha tenido acceso EFE y realizado por la fundación FECONS, con la colaboración de la Dirección General de la Coordinación de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía, que traza un mapa de la situación de unas personas que, en algunos casos, llevan cuatro años viviendo en esa situación, además de que «la crisis llevó a las chabolas a gente que vivía de manera normalizada en el pueblo».

El trabajo tiene su base en 2014, cuando, con el apoyo de diversas organizaciones de la sociedad civil e instituciones locales y regionales, FECONS promovió, en el marco de la campaña ‘Juntos somos’, la firma y puesta en marcha en Huelva de un Acuerdo Político por la Inclusión y el Desarrollo Local.

Una buena parte de este trabajo se destina a derribar los «mitos» en torno a las personas que viven en los asentamientos, como el hecho hipotético de que tienen ingresos suficientes para vivir dignamente, pero prefieren no gastar nada en el pueblo y mandar todo a sus países de origen.

Así, señala que el 55 % ganan un promedio de 4,10 euros al día y alcanzan unos ingresos de 125 al mes durante el año, y el 25 % sobrevive con 1,36 euros al día y 41,66, mientras que un 10 % alcanza los 12,32 euros al día y los 375 al mes.

Frente a esto, el 52 % de ellos planea vivir en Lepe, un 24 % desea retornar a su país en condiciones de dignidad y productividad, y un 23 % manifiesta tener un piso alquilado en otra ciudad y vivir en asentamientos sólo cuando está en Lepe.

Sobre la posibilidad de que los vecinos autóctonos pudiesen rechazar que alquilen viviendas y se establezcan en el pueblo, un 91 % manifiesta no haber sufrido agresiones por el hecho de vivir en chabolas, además de que la población migrante que reside en el pueblo se halla dispersa en todo el territorio y no forman guetos, mientras que «el sutil racismo que niega el alquiler a migrantes poniendo como excusa el impago, no conocerlos o los posibles daños a la propiedad, puede abordarse desde medidas y recursos existentes que los desmontan».

Con todo, la fundación considera indispensable «el respaldo político de alto nivel» para sacar adelante el documento de forma práctica, así como la «apropiación del gobierno local, que debe ser el principal actor, haciendo prevalecer las prioridades del gobierno».