El Pleno de Marchena coloca a la alcaldesa entre dos ilegalidades para solucionar el «Caso Abel»

Carmen González/Marchena (Sevilla)

La alcaldesa de Marchena, María del Mar Romero, se enfrenta desde esta mañana a un dilema. La oposición en pleno ha aprobado una moción que la obliga a contratar a un sanitario para el colegio donde está escolarizado Abel Vázquez, conocido como el «niño de los cuatro minutos» porque padece una enfermedad que, si entra en crisis, su vida corre peligro. Pero si lo contrata, supondrá sumar un segundo recurso de ayuda a una familia que tiene asignada una prestación, algo que no permite la propia Ley de Dependencia.

La oposición del Ayuntamiento de Marchena al completo ha aprobado una moción a favor de que se contrate un sanitario para el colegio de Primaria Ángeles Cuesta, donde corresponde asistir a clases a Abel, el pequeño de 4 años que padece una enfermedad, hiperplexia de tipo 2. Abel cuando entra en crisis puede sufrir daños cerebrales o, incluso, perder la vida, necesita cerca un experto en técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Por esta razón, la familia no permite que asista al centro y, desde que comenzó el curso, reclama un enfermero porque no se atreven a dejar a Abel sin la atención sanitaria adecuada y cercana. Después de meses de reuniones, el equipo de gobierno ha mantenido siempre la misma postura que ha pasado por indicarle a la familia que debía renunciar a la prestación por la Ley de Dependencia que tiene asignada (387 euros), para que pudieran contratar el otro recurso, tal como indicaba la ley.

El debate se ha extendido a la calle y al mismo pleno, donde Ganemos Marchena presentaba hoy una moción en la que pedía la contratación del sanitario. Ante la negativa de la alcaldesa, para la que supondría cometer una ilegalidad, el portavoz de esta formación, Manuel Martínez Gavira, ha propuesto que lo nombre alcalde accidental por cinco minutos para que él firme el contrato del enfermero. «No me importa ir a la cárcel por esta razón, si es ilegal» y, añadió, que se trata de cometer una ilegalidad «en la que no se engaña a nadie». Además, considera que es una «obcecación del equipo de gobierno, acaso invertir un millón de euros en arreglar colegio no es prevaricación siendo competencia de la Junta», argumento también utilizado por el grupo socialista.

La oposición (PP, IU, PA y Ganemos) y el responsable de la Asociación de Atención Temprana, Antonio Guerrero, que lo dejaron intervenir en el pleno, informó de que ya se está haciendo en el colegio de San Roque de la localidad Villablanca, provincia de Huelva, donde hay contratado un sanitario para atender a varios alumnos.

El portavoz de IU, Francisco Javier Segovia, añadió al debate que, si la Junta de Andalucía no quiere contratar al enfermero, debería hacerlo subsidiariamente el Ayuntamiento. «La Ley está para cumplirla pero también para bordearla».

El grupo andalucista expuso lo que dice la ley que en Andalucía. Desde el 25 de julio de 2008 se regula la atención a la diversidad en los centros públicos y en ella indican que ningún niño puede quedarse sin el derecho a la educación. Hizo especial referencia a las opciones hasta ahora planteadas por el grupo socialista, como la de dar un curso de RCP a los maestros, por si Abel tenía una crisis. Al respecto dijo: «alguien se ha parado a pensar cómo se quedarían los maestros en caso de un fatal desenlace, están preparados para enseñar no para curar», dijo la portavoz, Carmen Baco.

Por su parte, el PP por medio de su portavoz, Esther Álvarez, pidió al grupo municipal que no «comulguen con ruedas de molino, si estamos arreglando los colegios que no es de nuestra competencia, por qué no contratar a un enfermero».

Demagogos y manipuladores

Mercedes Abadía, delegada de Servicios Sociales, fue la encargada de exponer los argumentos que impiden al equipo de gobierno del PSOE contratar este recurso, ilegal según informe del interventor. Acusó a los responsables de la oposición de«demagogos y manipuladores por crear falsas esperanza y expectativas a ese padre», además, añadió, «habéis conseguido que la familia se separe del equipo de gobierno por rendimiento político».

La delegada socialista mostró entonces dos vídeos de las intervenciones de las portavoces del PA y PP en el primer pleno que se trató el tema, celebrado en diciembre de 2017, donde ambas reconocen que se trata de un recurso competencia solo de la Junta de Andalucía, el PP se abstiene en la aprobación de ese punto.

La alcaldesa intervino también y se mantuvo firme diciendo que «ningún dependiente puede tener dos prestaciones, si renuncia a una de ellas, mañana mismo tiene un sanitario».

El responsable de la Asociación de Atención Temprana, que volvió a intervenir por alusiones, acusó a Mercedes Abadía de«no tener el ADN de los servicios sociales» después de que ella lo acusara de ponerlos en contra de la familia.

La familia de Abel Vázquez, acompañados de amigos, estuvieron presentes en el pleno.