El Pleno aprueba la contratación de un arquitecto para que los vecinos regularicen las AFO

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IU: La contratación del arquitecto es «facilitar al vecino la regularización de su edificación, que no será legal pero al menos desde ese momento la administración no podrá actuar en su contra”

PSIA: «“Hemos perdido cuatro años porque esto se debería haber hecho desde primera hora, cuando en 2010 intentamos cambiar la ordenanzas y regularizar las construcciones vía AFO, entonces la Junta amenazó a los ayuntamientos con llevarlos a los tribunales”

Concejal no adscrito:  «Abrir esta oficina no es la solución porque lo que se pretende es que se regularicen las AFO bajo control municipal, regularizar no es lo mismo que legalizar”

A.S./ C.G.

El área de Urbanismo del Ayuntamiento de Arahal licitará en breve la contratación de un arquitecto para que facilite a los propietarios de viviendas en zonas no urbanizable la regularización de su situación, siempre que lo edificado entre dentro de las denominación AFO (A fuera de ordenación). El inicio del expediente de este nuevo servicio se aprobó en el último pleno con todos los votos a favor y la abstención del concejal no adscrito, José Manuel Ojeda

La medida aprobada incluye la apertura de una oficina, posiblemente en la Sociedad de Desarrollo, donde el ciudadano podrá ir y, con la ayuda del arquitecto contratado, sabrá si su edificación entra a formar parte o no de las AFO. Si es así, podrá regularizarla con la redacción de una memoria del proyecto y el pago de la tasa correspondiente. Dichas tasas se han reducido del 4,27 por ciento, al 1,4 por ciento en un pleno anterior.

Según declaró el concejal de Urbanismo, José Antonio Cabrera (IU), a esta web, se trata sólo de “facilitar la gestión y abaratar los costes, siempre será más barato si el arquitecto tiene que hacer un buen número de memorias que si las hace de una en una”. La contratación de dicho profesional saldrá a concurso público, en la actualidad sólo se ha aprobado el estudio del expediente para saber cuánto es el coste total del servicio para las arcas municipales.

Debate

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Esta propuesta plenaria fue debatida por la oposición y el Equipo de Gobierno. José Manuel Ojeda dijo que abrir esta oficina “no era la solución porque lo que se pretende es que se regularicen las AFO bajo control municipal”. En ese sentido, añadió que el “único vehículo para legalizar la situación de las edificaciones en suelo no urbanizable era el PGOU”.

Ojeda advirtió también al concejal de Urbanismo que la contratación de un arquitecto podría ser injerencia profesional y anunció que ya lo había puesto en conocimiento del Colegio de Arquitectos de Sevilla. El edil avisó que estaría “pendiente” del proceso.

Por su parte, el portavoz del PSIA, Manuel Bravo,  criticó la postura de la Junta de Andalucía en los pasos que había dado para la legalización de las edificaciones en suelos no urbanizables. “Hemos perdido cuatro años porque esto se debería haber hecho desde primera hora, cuando en 2010 intentamos cambiar la ordenanzas y regularizar las construcciones vía AFO, entonces la Junta amenazó a los ayuntamientos con llevarlos a los tribunales”. Para el representante del PSIA se ha perdido el tiempo porque el decreto publicado por el gobierno regional, el 2/2012, no podía derogar la LOUA, “un decreto es de rango inferior a una Ley, eso lo enseñan en el primer año de la carrera de Derecho. Este decreto no ha servido para nada y se han seguido derribando construcciones”.

El concejal de Urbanismo, José Antonio Cabrera, dijo que este Equipo de Gobierno intenta busca la regularización de las edificaciones dentro del marco legal en Andalucía, “hacerlo fuera de este marco es marear, enredar y torear a los vecinos”.  Según su versión, hasta que la Junta de Andalucía no publica el decreto2/2012 “no había ninguna base legal para regularizar este tipo de edificaciones”. Cabrera señaló que el Ayuntamiento de Arahal había sido el primero de la provincia de Sevilla y uno de los primeros de Andalucía en desarrollar dicho decreto.

Para el edil de Urbanismo la apertura de una oficina para la tramitación de las AFO es el “último periodo” y se hace “para facilitar al vecino la regularización de su edificación, que no será legal pero al menos desde ese momento la administración no podrá actuar en su contra”.

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Asimismo, resaltó que la regularización supondrá también un control en los vertidos sobre los que puede actuar, con su correspondiente multa, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y el resto de servicios que deben tener en regla sus propietarios.

Herir la sensibilidad

Después de la respuesta del responsable de Urbanismo, intervino de nuevo en el pleno Manuel Bravo para indicar que “nadie ha planteado coger caminos paralelos o fuera de la ley”. En este sentido, prosiguió explicando que la LOUA, en su día, “no tenía regulados los AFO pero sí contemplados, por lo que en 2010 planteamos profundizar en la ordenanza pero nos amenazaron con llevarnos a los tribunales”.

José Antonio Cabrera respondió al concejal no adscrito  que podía “herir la sensibilidad de los ciudadanos que tienen detrás al juez  con una orden de demolición” cuando dice que estas edificaciones podrían incluirse en el PGOU : “La ley no permite incluir en suelo urbano viviendas que están a 3 kilómetros del pueblo, tenemos un caso con orden de demolición y lo hemos presentado como AFO para intentar pararla”.

Finalmente aprobaron a favor todos los partidos excepto el concejal no adscrito que se abstuvo.