El PGOU de Arahal vuelve a la casilla de salida después de 14 años de tramitación y trabajo

La delegada de Urbanismo, Sandra Orozco, ha aprovechado la presentación de una moción de su grupo municipal, Adelante IU, sobre las subvenciones concedidas a la redacción del PGOU en los últimos años para denunciar la situación de parálisis en la que se encuentra en la actualidad el planeamiento urbanístico de la localidad. 

Esta situación no afecta solo a este municipio. Hay otros 335 en la región, según ella misma informó, que han quedado paralizado después de que la Junta de Andalucía publicara un nuevo decreto ley (31/2020 del pasado 1 de diciembre), con el que emprendió medidas extraordinarias y urgentes en materia de evaluación ambiental estratégica de determinados instrumentos. Es decir, afecta a todos aquellos que nos han incluido la Evaluación Ambiental Estrategia marcada por la Unión Europea. Lo que ha supuesto sentencias judiciales contra algunos de estos planeamientos.

Recurso contencioso administrativo

El Ayuntamiento interpondrá un recurso contencioso administrativo en contra de la Junta de Andalucía. Lo hará para que, al menos, asuma totalmente los costes de la tramitación del proyecto. Por esta razón, han planteado en el último pleno ordinario de enero que, al menos, puedan recibir la subvención completa de 248.000 euros que les concedieron para la realización del trabajo. Según explicó la delegada de Urbanismo, falta por cobrar 103.000 euros. “No lo vamos a percibir porque no se ha aprobado definitivamente”, ha dicho. Para Orozco el “Ayuntamiento no puede asumir esos gastos que ya se han invertido”.

En lo que corresponde a Arahal, la delegada de Urbanismo asegura que “se han llevado a rajatabla” los pasos dados en los 14 años de trabajo del PGOU. “Han sido años de reuniones con vecinos, técnicos, administraciones, directores generales… Hemos perdido mucho tiempo para ahora tener que volver a la casilla de salida”, explicó.

Sandra Orozco repasó también las consecuencias que traerá comenzar de nuevo en la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, a parte de la pérdida de tiempo y dinero, sin que hayan sido los ayuntamientos los responsables de esta situación. “Hubo un cambio legislativo en 2015 en el que nos comunican que el documento tiene que incluir dos cambios y todo se ha hecho a rajatabla”.

Consecuencias económicas para el municipio

Pero esta marcha atrás, supondrá unas consecuencias económicas para el municipio. Entre ellas no se podrán resolver problemas urbanísticos concretos, afectará a la edificabilidad de nuevas viviendas, especiales protecciones en suelo no urbanizable e impedirá, por ejemplo, el desarrollo del polígono de Las Zorreras “donde hay empresas desde hace años a la espera de ampliaciones que ahora no son viables”, concreta Orozco.

La última fase del PGOU está paralizada desde enero de 2020 cuando se envió para el último trámite de aprobación definitiva, el que tenía que pasar por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Desde este organismo tenían que contestar en un plazo de seis meses, pero llegó la pandemia y se amplió dicho plazo de respuesta. Finalmente, han tardado un año en comunicarles que el documento no tiene valor y hay que empezar de nuevo. 

De hecho parte de estos 14 años de trabajo se han perdido en la tramitación y los plazos que el PGOU ha tenido que pasar en los distintos organismos y administraciones a los que afectaba el planeamiento urbanístico de la localidad. Ahora todo vuelve a empezar.

«Autocrítica»

La oposición, PSOE y PP, pidieron realizar “autocrítica”. Para el portavoz del PP, Alberto Sanromán el “Ayuntamiento debe intensificar los contactos directos, adelantar todo lo que se pueda porque no podemos perder más tiempo. Que la nueva ley se tramite lo antes posible y simplifique al máximo la tramitación de este PGOU”. 

Pa¡ra el PSOE y su portavoz, Mari Ángeles Ojeda, “en esta decisión el único perjudicado es el pueblo de Arahal. Tanto por la cuantía del dinero como por todo el trabajo que lleva detrás. Y..qq , sobre todo, por los vecinos que llevan esperando esta aprobación”. A su vez Ojeda entiende que “en otros municipios ha sido posible, saber en qué nos hemos equivocado y subsanar errores y dale cuanto antes solución”.

Para terminar las intervenciones, la responsable de Urbanismo dijo que se trata de un tema “de mucha complejidad. Y no podemos poner el foco solo en los ayuntamientos”. Y es así porque parte del tiempo de la redacción de este proyectos se pierde en los informes sectoriales. “El mismo informe medio ambiental que lo ha tumbado está presentado desde el 8 de enero, han tardado más de un año en contestar”.

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