El juzgado paraliza tres demoliciones de edificaciones ilegales en término municipal de Arahal

Las familias afectadas acompañadas del reportero de Andalucía Directo. Foto: A.I.

C. GONZÁLEZ

Tres familias de Arahal respiraron tranquilas hace unos días cuando los abogados que lo representaban, de la firma sevillana Sanguino & Abogados, les notificaron el auto judicial que deja  sin efecto la demolición de su vivienda, construida de forma ilegal en el campo y el archivo definitivo de las actuaciones, a la vista del informe emitido por el Ministerio Fiscal en julio de 2015. Y esto ha sido posible, según dicho informe, gracias a la decisión del Ayuntamiento local de tramitar la declaración de Asimilados a Fuera de Ordenación (AFO), una figura que legal que considera prescritas las edificaciones construidas sin licencia o contraviniendo una norma por haber transcurrido el plazo legal establecido (6 años).

Estos tres autos que paran la demolición de edificaciones ilegales, son los primeros emitidos en Andalucía. El fiscal Javier Rufino expone, respecto a la demolición, que la declaración Asimilado a Fuera de Ordenación (AFO) realizada por el Ayuntamiento de Arahal es el “equivale a una regularización que hace perder sentido a la decisión de demoler” y “no se trata de un mero inicio de tramitación, sino una decisión administrativa expresa”. Además, añade, que la pena de 6 meses de presión decretada por el Juzgado de Primera Instancia de Marchena en abril de 2012 queda prescrita para los tres vecinos de Arahal por las “continuas solicitudes de la defensa sin que se haya ejecutado en los 5 años”.

Los propietarios de estas tres edificaciones no podrán seguir construyendo pero al menos no tendrán que demoler lo ya edificado. Desde 2012 pesaba sobre ellos una sentencia del Juzgado número 2 de Marchena por ser responsables de un delito Contra la Ordenación del Territorio. Además de los 6 meses de prisión y la demolición de la construcción, a los vecinos juzgados les impusieron una multa de 1.800 euros que es la única parte de la sentencia que no han podido eludir.

La demolición fue notificada por parte del Juzgado de Marchena al Ayuntamiento en enero de 2014, aunque no se ha llevado a cabo pendiente de que entrara en vigor la medida tomada por los responsables del área municipal de Urbanismo.

El consistorio local ha sido pionero en establecer este tipo de figura para dar una solución a un problema social que afecta a muchas familias de Arahal, aquellas que en su mayoría, decidieron hacer una vivienda en el campo para desahogo de sus ratos de ocio, mientras las sucesivas administraciones locales durante años hacía la vista gorda ante el incumplimiento de las normas urbanísticas.

Vanessa Villegas, responsable de Derecho Administrativo en Sanguino Abogados, explica que han conseguido que “Fiscalía cambie su postura con respecto a la orden de demolición que tenían estos vecinos tras la declaración AFO de sus viviendas”. Los vecinos habían sido condenados por un delito urbanístico hace más de de 6 años, por lo que habían prescrito, pero sin embargo tenían una orden de demolición anexa que les obliga a echar abajo sus casas. «Con la declaración AFO hemos conseguido los autos favorables que permiten un giro de 180º en la postura del Fiscal y por tanto puedan mantener sus casas tal y como están», comenta la abogada.

La reforma de la Ley de Ordenación de Urbanística de la Junta de Andalucía nace ya con la vocación de buscar una solución jurídica del tema. Después del decreto 2/2012 aprobado por el Gobierno de José Antonio Griñán, se dan cuenta que seguían existiendo construcciones que no podían regularizar su situación, un ejemplo eran estas edificaciones con más de 6 años de antigüedad. Según explicaron entonces, dichas construcciones quedaban en un “limbo jurídico”.

Se prevé por parte de la Junta de Andalucía un cambio normativo para finales de este año en favor de las edificaciones que están dentro de la definición AFO. El Ayuntamiento de Arahal, según los expertos, lo que ha hecho es adelantarse a este cambio. No obstante, este documento municipal no es, «ni mucho menos, una puerta abierta a la construcción ilegal», apuntan fuentes municipales. Estas fuentes insisten en que no se puede construir en terreno no urbanizable, hacerlo supone un delito urbanístico penado en la LOUA (Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía).

Estos autos respecto a la causa de esta tres familias pueden sentar jurisprudencia para otras familias que están en la misma situación tanto en Arahal como en el resto de Andalucía. Esa es su esperanza.