El juez llama a declarar al maquinista del tren que descarriló en noviembre en Arahal

Fermín Cabanillas/Arahal (Sevilla)

El titular del juzgado de Marchena (Sevilla) que estudia el caso del descarrilamiento de un tren en Arahal (Sevilla) el pasado 29 de noviembre, que produjo 37 heridos, ha llamado a declarar al maquinista del convoy, dentro del proceso abierto tras la denuncia conjunta de varios de los heridos.

El juez quiere escuchar la versión del maquinista, sobre todo tras los testimonios de algunas personas que afirman que les indicaron que el tren iba a parar en Arahal por el mal estado de la vía, pero luego siguió su camino.

Según ha explicado en un comunicado el bufete sevillano Osuna, que representa a los afectados, se trata de un caso en el que el daño ocasionado “podría derivar en una responsabilidad patrimonial de la entidad pública empresarial ADIF que se encarga de la infraestructura de nuestros ferrocarriles”.

Así, le reprocha la decisión de abrir la vía a pesar del estado de la misma fruto de las malas condiciones climáticas, “que convirtieron el terreno en un barrizal”, ya que “parece ser que nunca se debió acordar que el tren marchase por la vía en  las pésimas condiciones en la que se hallaba o, de hacerlo, habría que llevar una velocidad muy reducida, y ninguna de las medidas se adoptó”.

Los afectados se refieren también al concepto de “fuerza mayor”, refiriéndose a la lluvia caída ese día, que entiende que “no libra a la administración de una posible responsabilidad”, comparándolo con las inundaciones sufridas en Écija (Sevilla) en 2010, donde se condenó al Ayuntamiento y Junta de Andalucía por no tener un arroyo en buenas condiciones.

Por este motivo, los heridos reclaman  responsabilidades en vía administrativa “por el mal funcionamiento de la  Administración”, es decir, por una acción judicial no penal, que llevaría a un contencioso administrativo.

Durante el proceso, habrá que determinar las lesiones que ha sufrido cada viajero y cuantificarlas, así como otras indemnizaciones.

Se amparan en la Constitución

Los afectados se amparan en su reclamación en el artículo 106 de la Constitución, que en su párrafo segundo, consagra el principio de Responsabilidad Patrimonial extracontractual de las Administraciones Públicas, por la lesión que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

Por eso, cita que «tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos”.

Además, con respecto al significado de Fuerza Mayor, recuerdan que es “el acaecimiento extraño al campo normal de las previsiones típicas de cada servicio, según su propia naturaleza. Queda así ceñido el concepto de fuerza mayor al suceso que esté fuera del círculo de actuación obligado, que no hubiera podido preverse o que previsto fuera inevitable, pero no aquellos eventos internos, intrínsecos al funcionario de los servicios públicos”. Así, “cuando la Administración invoque la fuerza mayor como causa de exoneración corresponderá a ésta la carga de la prueba. El supuesto no cumple con los requisitos de fuerza mayor, en primer lugar, porque no se trata de un suceso ajeno a la propia actividad, y en segundo lugar, porque el suceso pudo haberse evitado”.

El accidente

La cifra de heridos en el accidente de ferrocarril del 29 de noviembre ascendió a 37, 35 leves y dos graves. El que más heridas sufrió fue un vecino de Marchena con fractura de pelvis, entre otras lesiones, que fue trasladado en helicóptero al hospital Virgen del Rocío de Sevilla, y hoy día sigue recuperándose de las heridas.

El tren descarriló poco antes de las 10.15. Rosario Cañete, una de las afectadas, aseguró que media hora antes del accidente avisaron a los pasajeros de que iban a hacer un transbordo por el mal estado de la vía, aunque luego continuaron con normalidad.

La vía estuvo cortada tres días, y una vez abierta se mantuvo la precaución de que en la zona se circule a escasa velocidad, dado el arreglo provisional que se realizó en el trazado.