El Gobierno prohibirá las ventas a pérdidas de productos agrícolas

El Gobierno prohibirá las ventas a pérdidas de productos agrícolas

El Gobierno prohibirá las ventas a pérdidas en la nueva ley de la cadena alimentaria, según el borrador (en pdf) al que ha tenido acceso Radio Nacional. El plan se aprobará este martes en el Consejo de Ministros, mientras continúan las protestas en el campo. Los olivareros han cortado carreteras en la provincia de Jaén y una tractorada en Ciudad Real dificulta la circulación.

El objetivo de las medidas del Gobierno es garantizar que los precios cubran los costes de producción. El borrador de decreto ley para modificar la cadena alimentaria establece, entre otras cosas, que cada operador de la cadena está obligado a pagar al anterior un precio igual o superior a lo que le cuesta producir.

Advertencia

El documento advierte a quienes venden el producto a los consumidores, los distribuidores o grandes superficies, que no pueden repercutir los riesgos que asumen en su política comercial ni a los agricultores, ni a los ganaderos, ni a la industria (es decir, se prohíbe la venta a pérdidas o la fijación del precio de arriba a abajo).

En concreto, establece que «se preserve ese valor agregado creciente que fundamenta uno de los ejes vertebradores de la acción pública en este sector, que contribuya a aumentar su competitividad global a través del valor añadido y que, en último término, revierta en beneficio de toda la sociedad».

Costes de producción en los contratos

En materia de precios, los costes de la producción deberán estar incluidos en los contratos que los agricultores y ganaderos suscriben con la industria o la distribución «como elemento mínimo». La norma incorpora una lista de elementos como semillas, fertilizantes, pesticidas, energía, maquinaria e índices del Ministerio de Agricultura que puedan emplearse para determinar esos costes de forma objetiva.

El texto justifica que se aúna «la autorregulación de oferta y demanda con el aseguramiento de que esos costes de producción no se destruyen en estadios sucesivos de la cadena». En este punto, se impiden introduzcan «factores distorsionantes, como las referencias circulares, es decir las que se obtienen de precios participados por otros operadores o por el propio operador».

La norma fija que «no se realizarán actividades promocionales que induzcan a error sobre el precio e imagen de los productos». Se obliga a identificar el precio «claramente en la información publicitaria, en la cartelería y en los tiques de compra, para que no pueda dar lugar a equívocos» y no se desbarate la percepción sobre la cadena de valor en el sector.

Fiscalidad

El real decreto ley también recoge una fiscalidad más escalonada para los jóvenes agricultores que ahora podrán pagar en cuatro años y no en uno por las ayudas europeas de la Política Agraria Común (PAC), lo que en ocasiones hacía que tuvieran que tributar por un dinero aún no recibido. Una medida que «tiene coste cero para las arcas públicas» puesto que no disminuye el volumen final de ingresos.

El nuevo marco normativo refleja además que el número de peonadas necesarias en Extremadura y Andalucía para acceder a los subsidios agrarios se reduce de 35 a 20.