El alcalde de Coria del Río no acude a una reunión con los vecinos afectados por los olores en una barriada

COMUNICADO DE PRENSA

Los vecinos de la barriada Guadalquivir de Coria del Río afectados por la contaminación derivada de una alta concentración de gases tóxicos habían convocado a los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento, a una reunión en la que poner en común la situación tras los últimos informes de la Consejeria de Sostenibilidad, la reapertura del procedimiento judicial y las reuniones mantenidas hace dos semanas en el Parlamento de Andalucia.

Sin embargo, el actual alcalde de la localidad ribereña, el andalucista Modesto González, ha vuelto a dar la espalda a estos vecinos, ausentándose de dicha reunión y no enviando a ningún representante del equipo de gobierno a la misma. Una actitud que Rogelia Gómez, presidenta de la Asociación de Vecinos Afectados, ha catalogado de “una nueva desfachatez, de un alcalde que vuelve a demostrar no tener el más mínimo sentido de la humanidad y la empatía”.

A la reunión celebrada a las 19,00 horas de este lunes en la sede de dicha asociación, han acudido el resto de portavoces del PSOE, PP, VOX, a quienes les llegó la convocatoria a través del ayuntamiento, cuando curiosamente la excusa que pone Modesto González es que a ellos no les ha llegado.

En ese sentido Rogelia Gómez ha declarado muy indignada, “que un alcalde debería tener más sentido de la responsabilidad y no mentir más a la ciudadanía, porque las mentiras tienen las patas muy cortas. Yo registré la carta en el ayuntamiento y me traje de vuelta una copia sellada” que ha mostrado a los medios que han acudido a dicha reunión además de facilitarles una copia de la misma.

Para añadir con una mezcla de ironía y rabia que “es evidente que a Modesto González no le interesa determinar qué medidas se pueden plantear desde el Consistorio para avanzar en una solución a este grave problema de Salud que estamos padeciendo, porque sabe que el día que todo esto salga a la luz él va a tener que pagar ante la justicia por su negligencia y por omisión de deber al no facilitarnos los medios y el auxilio que le llevamos reclamando desde hace más de 7 años”

Tal y como figura en el escrito registrado el pasado 4 de noviembre por la propia presidenta de la asociación en el Ayuntamiento. En el que se señalaban algunas de las últimas novedades sobre dicho asunto, tales como que «un bebé sufre malformaciones derivadas de las intoxicaciones por benceno sufrida durante el embarazo» a causa de la exposición de su madre, vecina de la zona, a los gases detectados en la misma.

Recientemente, el colectivo celebraba una serie de nuevos contactos con los grupos políticos del Parlamento de Andalucía, solicitándoles que registren nuevas iniciativas sobre el asunto, toda vez que tiempo atrás el propio Parlamento aprobaba una proposición no de ley (PNL) del PSOE, en demanda de la creación de un grupo interadministrativo de trabajo sobre esta problemática, una medida aún no adoptada según avisan los socialistas.

En el asunto pesa un informe del Servicio de Calidad del Suelo de la Dirección General de Sostenibilidad Ambiental de la Junta de Andalucía sobre la documentación presentada por la empresa Zamarrilla Inversiones sobre su proyecto de recuperación voluntaria del suelo en su gasolinera, foco del conocido episodio de contaminación; que expone que aún pesan «elevadas concentraciones de contaminantes en las aguas no permiten la certificación de la descontaminación.

En el citado informe del Servicio de Calidad del Suelo, emitido el pasado 28 de agosto y recogido por Europa Press, se detalla que la documentación aportada por la empresa responsable de la estación de servicio deriva del «seguimiento del proyecto de recuperación voluntaria realizado por la entidad Inerco, Inspección y Control», señalando que tanto Zamarrilla como Inerco consideran esta documentación como «el informe final del proyecto» de descontaminación.

Pero tras analizar pormenorizadamente el asunto, el área de Calidad del Suelo expone que «si bien el proyecto tal y como estaba autorizado ha finalizado, las elevadas concentraciones de contaminantes en las aguas no permiten la certificación de la descontaminación»; además de que «no existen evidencias de que la técnica de remediación empleada haya sido agotada, más bien todo lo contrario dadas las concentraciones de contaminantes existentes en las aguas y la efectividad que muestran los análisis de efluentes a la entrada y salida del sistema de recuperación».

A tal efecto, este departamento de la Junta señala que «procede la ampliación del proyecto de recuperación» voluntaria del suelo de cara a su descontaminación, apostando por medidas como «la continuación del programa de control y seguimiento de las aguas subterráneas», al objeto de «detectar efectos rebote tan comunes en este tipo de descontaminaciones, así como la detección de fase libre que podría a parecer en estado de aguas bajas, facilitando su retirada».

Además, el Servicio autonómico de Calidad del Suelo solicita «evaluar la efectividad del sistema de recuperación en el vector suelos», señalando que Inerco «debería realizar un muestreo de los suelos en la zona de mayor afección».

Igualmente, este informe apuesta, entre otras medidas, por «estudiar la viabilidad de la retirada de los depósitos que han sido clausurados e inertizados, especialmente los de gasolinas, así como de los suelos de alrededor del mismo que presenten una elevada afección y que potencialmente puedan ser una fuente secundaria de contaminación».

Sobre el asunto pesa además la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) del litigio contencioso de los vecinos, declarada firme a finales de febrero.

En dicha sentencia, el TSJA ordena al Ayuntamiento de Coria del Río, gobernado por el andalucista Modesto González, que reactive la declaración de los suelos de la gasolinera como terrenos contaminados y resuelva dicho procedimiento que había archivado.

El tribunal considera que merced a un informe de la Agencia Andaluza de Medio Ambiente y Agua, resulta «inequívoca la existencia de contaminantes en los terrenos, con una clara afectación a las viviendas de los vecinos», ordenando al Ayuntamiento la citada medida de reimpulsar la declaración de los suelos de la gasolinera como terrenos contaminados; pero sin acceder a ordenar el plan de «realojo» pedido por los vecinos ni a mandar actuaciones disciplinarias sobre empleados públicos ni a las pretensiones vecinales en materia de indemnizaciones, extremo que el colectivo decidió recurrir.

Recordemos que un informe de junio de 2020 del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses detectaba «un daño sustancial a la calidad del suelo del entorno de la gasolinera por los vertidos o escapes contaminantes de hidrocarburos tipo gasolina o gasoil y aceites minerales»; así como «un daño sustancial a la calidad de las aguas subterráneas» con «grave perjuicio para el sistema natural del Estuario del Guadalquivir» y un «riesgo importante de grave perjuicio a la salud de las personas con afección demostrada a los habitantes de Coria».

La carta de los vecinos afectados.

Además, el informe señalaba que en muestras de sangre de ocho vecinos de la barriada Guadalquivir fueron detectadas «bajas concentraciones» de N-hexano, un disolvente orgánico con acción tóxica, y también de acetona, «con características toxicológicas importantes», señalando que median documentos que «acreditan la afección a la salud por parte de los habitantes de la barriada Guadalquivir».

Pesa de otro lado un informe emitido al respecto por la Dirección General de Salud Pública de la Junta de Andalucía, con base en las «138 personas» de la barriada Guadalquivir de Coria incluidas en un estudio epidemiológico tras acudir a los centros de salud de la localidad en el último trimestre de 2017, a cuenta de este asunto.

Tras revisar el 80 por ciento de los historiales clínicos de estas personas, la Dirección General de Salud Pública de la Junta indicaba en su informe que en el 79 por ciento de estos casos no consta «atención en consulta posterior a 2018», asegurando que no hay «conclusiones claras desde un punto de vista clínico, acerca del impacto en términos de patología crónica, ni de riesgo a medio o largo plazo, de la exposición presuntamente ocurrida en el territorio de estudio».