El abogado que defendió a María León: «Percibo un exceso de presunción de culpabilidad y un juicio mediático»

José Antonio Sires, el abogado sevillano que defendió a María León en los primeros meses tras su detención por un altercado con la Policía Local y dirigió la fase de instrucción, cree que la actriz está sufriendo un “exceso de presunción de culpabilidad”, y que un caso en el que se da más pábulo a la versión de un policía, solo por serlo, puede abrir “un camino poco garantista” para el futuro.

En un comunicado, el letrado de Sires Abogados, tras analizar un caso que estudió hasta que se produjo el cambio de letrado, ha considerado que la instrucción resulta técnicamente insatisfactoria, “quizás por exceso de presunción de culpabilidad de María León, y de contundencia de indicios incriminatorios no puestos con contradicción”, tal vez por la “presunción de veracidad de la versión policial frente a la de una «ciudadana», lo que, a la larga, “podría abrir un camino poco garantista para futuros caso similares, mediáticos y no mediáticos”.

«Intromisión en el derecho al honor»

Según su análisis, la instrucción ha dado lugar a muchas cosas, pero, “sin duda a una intromisión continuada en el derecho al honor y a la intimidad personal y familiar a la que ha sido sometida Maria desde varios flancos”, de lo que ya se advirtió inicialmente a la jueza instructora, que hizo “caso omiso y nunca llegó a dar respuesta a las peticiones que por parte de la defensa se solicitaron”, sin “explicación lógica a aquel silencio”.

“María fue objeto de una cacería mediática y un ataque furibundo en todos los planos, personal y profesional con un coste devastador moral”, cita el abogado, algo desproporcionado “para una persona en su situación, acusada de delitos tan graves y sometida a una posible condena penal que estaba por llegar”.

Ha recordado que todos los medios nacionales se hicieron eco de su detención y procesamiento, “y en todo caso esto afecto a la dimensión extraprocesal de la presunción de inocencia”, y se pregunta si esto podría afectar a una hipotética condena.

Garantía de libertad de expresión

Sin embargo, aunque la legitimidad informativa, “y con ella estrechamente vinculada, la publicidad de los procedimientos, no se ponen en duda, estando además constitucionalmente recogidas respectivamente en el artículo 20.1 d) de la Constitución Española”, que reconoce el derecho de comunicar y recibir libremente información veraz, y en el artículo 24.2 de la CE, que recoge entre las garantías del proceso la publicidad del mismo, Sires ha tenido la percepción de que “que María salió ya con su sentencia condenatoria aquel 2 de octubre de 2022”, cuando salió de los juzgados la mañana posterior a la noche de su detención. 

El letrado entiende que el juicio paralelo que se ha creado en torno a este caso, “dotado de  informaciones por parte de los medios, ha llevado a los ciudadanos a crearse estados de opinión erróneos sobre la culpabilidad o inocencia de Maria”, unos estados de opinión que llevan a la opinión pública “a dictar una sentencia condenatoria sin antes de celebrarse el juicio al que tenemos derecho cualquier persona”.

María León se enfrenta a una petición de pena de dos años y un día de prisión por el altercado que protagonizó con tres policías locales de Sevilla el 1 de octubre de 2022, que le piden, además, el pago de una multa de 5.400 euros.

El altercado

Los hechos ocurrieron después de que una patrulla de la Policía Local diese el alto a un hombre que circulaba en bicicleta con una copa de cristal en una mano, y cuando los agentes le estaban identificando, un grupo de personas entre las que se encontraba la actriz comenzó a increparles, y, al parecer, María León comenzó a grabar la actuación policial.

Al producirse insultos a los policías, un agente le requirió la documentación, a lo que no se negó e indicó que no la llevaba encima, por lo que fue introducida en un patrullero para encaminarse a una comisaría, aunque en ese momento una de las personas que estaba con ella abrió la puerta del coche, para salir del vehículo y, presuntamente, agredir a uno de los policías.

Por estos hechos fue detenida, y tras pasar la noche custodiada fue trasladada a los juzgados de Sevilla para ser sometida a un juicio rápido, en el que se acogió a su derecho constitucional a no declarar y fue puesta en libertad con cargos.