Ecologistas en Acción critica a la presidenta de la Junta por su intención de reformar el decreto que regula las viviendas ilegales

Foto: A.I.

Nota de prensa

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha anunciado la intención de reformar el artículo 185 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para facilitar la regularización de viviendas ilegales construidas en suelo rústico. Para Ecologistas en Acción resulta «incongruente que se justifique esta decisión porque las viviendas ilegales construidas en parcelaciones ilegales están en un limbo de inseguridad jurídica”.

Los ecologistas consideran que tal “limbo” lo ha creado la propia Junta de Andalucía «con su permisividad durante décadas con el urbanismo ilegal y con la especulación y corrupción urbanística».

En este sentido apunta que el limbo jurídico aparece «por las promesas electoralistas que han recibido los delincuentes urbanísticos, que nos consta han mantenido varias reuniones con la Junta, que les ha garantizado que no se derribará nada, pero al no poder satisfacer sus demandas de legalización de todo lo ilegalmente construido, decide ahora, en una decisión sin precedentes, modificar las normas legales vulneradas para adaptarla a los intereses de los que las han infringido«.

Esta es la razón por la que recientemente «los delincuentes ilegales se han manifestado pidiendo una “moratoria” para las órdenes de demolición, porque la Junta no ha sido clara en este aspecto y ha creado la esperanza de que tarde o temprano este tema se arreglará en beneficio de estos delincuentes urbanísticos, que todo se legalizará».

«Vergonzoso decreto»

Para los ecologistas, decisiones como ésta vienen a unirse al «vergonzoso» Decreto de enero de 2012 por el que se pretende regularizar más de 250.000 viviendas ilegales. La Junta demuestra su «firme voluntad de que las ilegalidades urbanísticas queden impunes» lo que va en contra de «lo manifestado reiteradamente por la presidenta de la Junta en el sentido de que “Quién la hace la paga”, en las tramas de especulación y corrupción urbanísticas –las que han asolado Andalucía en estas últimas décadas de gobierno socialista- y lo cambia por “los que la hacen tienen premio”: su legalización sin tener que pagar los costes a que tiene que hacer frente los que construyen legalmente».

Foto: A.I.

Una vez modificada las normas legales para regularizar e impedir la demolición de las 250.000 viviendas aisladas que hay en Andalucía en suelos no urbanizables, ahora se pretende regularizar las construidas en auténticas urbanizaciones ilegales, «montadas por tramas de especulación y corrupción».

Según los ecologistas, «estamos hablando de la forma más cancerosa de especulación del suelo rural, consistente en subdividir ilegalmente una parcela, construir una casa por parcela y luego venderlas». En este sentido apuntan que «ya no se trata de una unidad rústica, de pasado agrícola, en la que se ha levantado una casa, sino en un grupo de casas que, subrepticiamente, ha creado un asentamiento urbano».  Para Ecologistas en Acción, todo ello va en contra de la ley de ordenación urbanística y los criterios de sostenibilidad, establecidos en multitud de documentos, por los que se apuesta por la ciudad compacta, un criterio unánime en la Unión Europea.

En su análisis de la decisión de la presidente de la Juanta, dicen que si el decreto de regularización de las viviendas construidas en suelo rústico «ya era una bendición para los delincuentes urbanísticos, esta nueva medida supone ya una claudicación del deber de la Junta de Andalucía de velar por la aplicación de las leyes de esta comunidad». Aunque se afirma que esta medida “no supondrá la legalización” de la vivienda, sí se le está animando a que no se derribe, como establece la ley, y que pueda recibir los servicios municipales, y cumplir con el correspondiente IBI. «Para los moradores del suelo rústico, es suficiente para garantizar la creación de sus paraísos inmobiliarios», apuntan.

Para terminar los ecologistas aseguran que «con esta amnistía se está alentando irresponsablemente a la construcción ilegal en suelo rústico, esta vez además con el chollo de la subparcelación, que dejará de ser ilegal con tan sólo pactar con el ayuntamiento respectivo un periodo, establecido por la propia Junta de Andalucía, para que se pueda regularizar».  Además creen que «la especulación y la corrupción encuentran así un nuevo camino para llenar nuestros campos de viviendas con parcelas valladas, la impunidad está garantizada».