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N.P. Sevilla

Ecologistas en Acción ha criticado la “inminente” aprobación de la propuesta de modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) en el Parlamento andaluz, relativa a la prescripción de las infracciones de parcelación ilegal en suelo no urbanizable y asegura que la Cámara andaluza “incurriría en una grave irresponsabilidad” si la modifica para “amnistiar a la urbanizaciones ilegales”.

Los ecologistas además muestran su preocupación por las consecuencias que pudiera tener para “el control del urbanismo salvaje en suelo no urbanizable”.

En una nota de prensa, la asociación explica que sería la primera vez que “la comisión de graves infracciones y delitos no sólo no fuera sancionada en el momento de su comisión, como prevé la vigente ley, sino que sería premiada al ofrecer a los infractores y delincuentes urbanísticos una solución para escapar del peso de la ley”. Ademñas, asegura que con ello, “se busca facilitar el uso mercantilista de las viviendas construidas ilegalmente para obtener la seguridad jurídica que vienen demandando para especular con ellas”.

En el mismo sentido, Ecologistas en Acción asegura que “no se adoptan” paralelamente medidas para evitar las causas reales de la comisión de este tipo de infracciones y delitos, “especialmente la falta de celo, cuando no el consentimiento e incluso el apoyo decisivo, por parte de determinados alcaldes y concejales, “que dieron licencias para estas construcciones, en muchas ocasiones en contra de las advertencias de ilegalidad por parte de los técnicos de los ayuntamientos”.

“Tal es así, que parece claro que este cambio que se va a hacer en la normativa se realiza para descargar a los alcaldes de las responsabilidades civiles y penales que pudieran derivarse de haber dado licencias de construcción contra la normativa vigente, específicamente en suelos no urbanizables y parcelados ilegalmente”, añade el comunicado.

Según la confederación de ecologistas, la mayoría de los alcaldes que han sido condenados por permitir, amparar o apoyar activamente estas urbanizaciones ilegales “han sido indultados”. “El círculo se cierra para amparar a los alcaldes-delincuentes, sean del PP o del PSOE”, ha añadido.

De este modo, la organización asegura que si fuera cierto que los infractores, dueños de las viviendas construidas en suelos no urbanizables parcelados ilegalmente, “fueran realmente inocentes” de estas infracciones y delitos por el hecho de que finalmente consiguieron la anhelada licencia y se construyeron sus casas”, este cambio de normativa en la LOUA “desvía la atención del hecho de la comisión del delito hacia la figura del comprador de buena fe, ignorando de forma descarada que en este supuesto timo, no sólo hay un timado (comprador de buena fe), sino un timador (promotores, constructores, alcaldes y/o concejales con o sin apoyo de personal técnico)”, detalla.

Asimismo Ecologistaa en Acción considera que este cambio de normativa “no se distingue entre compradores de buena fe (en el supuesto muy optimista de que los haya, pues muchas licencias se otorgaron a cambio de una mordida) y auténticos delincuentes urbanísticos (que construyeron sin licencia)”, puesto que el cambio en la LOUA “les da el regalo (a los propietarios y al promotor que parceló los terrenos no urbanizables) con el beneplácito de ser reconocido como operación no delictiva con el solo transcurso del periodo de prescripción que se acuerde”.

La nota dice también que “con la excusa de que se ampara a un grupo de ciudadanos extranjeros supuestamente estafados, se amnistía todo, a las más de 2.000 urbanizaciones ilegales existentes en Andalucía y a las cientos de miles de viviendas construidas ilegalmente”.

El grupo considera que, a partir de esta modificación de la LOUA, “se abrirá la veda para la parcelación del suelo no urbanizable”, hecho que en minifundios “será de especial gravedad, con tan sólo esperar el tiempo de prescripción que dicte la ley”. Si a esto se le añade el resto de medidas previstas para la regularización de viviendas en el campo, “tenemos todas las de la ley, con tan solo tener expedientes abiertos durante el periodo de prescripción, para parcelar y luego construir en el campo”, añaden.

Para el grupo los auténticos responsables de los delitos cometidos, sean propietarios u alcaldes, “escaparán del peso de la ley” dentro de una trama organizada “para amparar infracciones y delitos urbanísticos”

A su vez califican de “inaceptable” que esta modificación “se haya consensuado con los representantes de estas urbanizaciones ilegales”, a los que desde la Junta de Andalucía y desde ciertos grupos parlamentarios “se les ha dado el trato de un grupo de presión privilegiado, más que a las organizaciones que defendemos la legalidad y el interés general”.

Desde su perspectiva, estas asociaciones han conseguido algo “insólito y de una extrema gravedad, esto es, que la amnistía sea retroactiva, que se archiven los expedientes incoados por ayuntamientos y por la misma Junta, y sobre los que ya haya recaído una resolución sancionadora firme, por construcciones ilegales en parcelas ilegales en suelo no urbanizable, lo que puede constituir un gigantesco caso de prevaricación masiva”.

“Con la modificación de la LOUA se abre la puerta a una revisión, revocación o anulación de todos los expedientes sancionadores y de restauración de la legalidad”, concluye el comunicado.

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