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Sociedad

Hasta dos años de retraso para poder optar a ayudas por incapacidad

Arahal

El Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto una queja de oficio ante la demanda de asociaciones de las provincias de Huelva y Sevilla por el retraso de hasta dos años en la resolución de expedientes por incapacitación, que afectan a personas de ambas provincias.

La queja refleja que se trata «de expedientes de incapacitación que se incoan referidos a personas mayores sometidas a dolencias como el alhzeimer o las distintas demencias seniles», ya que «este tipo de situaciones implican graves necesidades de atención y cuidados para las familias de estas personas mayores».

Por ello, recuerda que «implican la necesidad de atender las exigencias legales que tan delicadas situaciones imponen para la vida cotidiana y la gestión de los asuntos más comunes de estas personas y sus entornos familiares».

La oficina del Defensor subraya que los procesos de incapacitación han sido motivo en varias ocasiones de quejas singularizadas «generando problemas añadidos en la, ya de por sí, complicada situación que se presenta en las personas responsables o que quedan a cargo de estos enfermos».

La queja se inicia a raíz de la petición que se realizó desde entidades asociativas de Carmona aludiendo a retrasos de más de dos años desde que se inicia el procedimiento y que venían suscritas por una moción aprobada por el Ayuntamiento de esta localidad.

La información remitida por esta asociación es que la media a nivel nacional oscila en los ocho meses de trámites, mientras que en la demarcación de Lora del Río estaría entre uno a dos años, mientras que los datos referidos a Huelva y su provincia aluden a seis meses de tramitación.

Por ello, «hemos creído oportuno conocer la incidencia que tienen estos procedimientos en las instancias judiciales competentes, en principio, circunscritos en las provincias de Huelva y Sevilla».

Se busca una explicación oficial

Por tanto, se ha incoado una queja de oficio ante la consejería de Justicia e Interior, «para conocer su criterio global en orden a la situación que describimos y las posible medidas que, en su caso, estimen oportuno adoptar para abordar la situación».

En concreto, se han previsto el manejo de indicadores habituales en los controles que se realizan en el sistema judicial, aunque «dejamos a criterio de esa Consejería otros criterios que permitan realizar un análisis de la situación», como los ingresos de asuntos de expedientes de incapacitación de personas mayores, los órganos gestores afectados, los indicadores de resolución y cogestión y los tiempos de tramitación.

«Conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 10 de nuestra Ley reguladora sobre la posibilidad de iniciar actuación de oficio, y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 29 del Estatuto de Autonomía de Andalucía sobre la garantía de calidad de los servicios de la Administración de Justicia, en el marco de las competencias atribuidas a esa Consejería de Justicia e Interior, procede solicitar informe sobre la realidad del problema expuesto y sus posibles soluciones, al objeto de poder también dar cuenta a la ciudadanía y a los operadores jurídicos que a nosotros se han dirigido», termina la queja.

Periodista. Directora y editora de aionsur.com desde 2012. Corresponsal Campiña y Sierra Sur de ABC y responsable de textos de pitagorasfotos.com

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