Comunicado de Manuel Bravo García

Manolo Bravo García.

Manolo BRAVO GARCÍA

Ayer se hizo público que me encuentro imputado por varios delitos de prevaricación y que, al parecer, el fiscal pide que se me condene a dos años de cárcel. Digo «al parecer» porque oficialmente no se me ha notificado nada. Pero puesto que ya ha empezado el circo, y llamo circo al baile mediático que a diario organiza gente que debe tener una vida tan detestable, tan plana y tan poco digna de ser vivida que necesita “vivir” la de los demás, no tengo otro remedio que asomarme a la pista del circo, no para actuar, sino por otra poderosa razón: POR MIS FAMILIARES Y AMIGOS, para que aquellos que me aprecian o quieren duerman tan tranquilos como yo lo hago.

También hay otra razón menor, y es que quiero que alguna gente, ésa a la que se refería Antonio Machado diciendo que “van apestando la tierra”, compruebe que todavía no me han devorado las fieras del circo. Así que, precaución…

Dicho lo anterior, entro en materia:

1.- La información filtrada a los medios es cierta. Me han imputado varios delitos de prevaricación. Según la Real Academia Española, prevaricación es un «Delito consistente en dictar a sabiendas una resolución injusta una autoridad, un juez o un funcionario». Naturalmente, no es ésta una definición jurídica. No en vano se han escrito numerosas y documentadísimas obras acerca de la prevaricación. Pero nótese que en la anterior definición se habla de “resolución injusta”, porque aquí está el fondo del asunto. Volveremos a esto más adelante.

2.- Esos supuestos delitos de prevaricación han consistido, básicamente, en dar varias licencias de primera ocupación a sendas viviendas cuyos moradores vivían ya en ellas (o, en algunos casos necesitaban urgentemente ocuparlas) sin los necesarios suministros de agua y luz. Y estas viviendas estaban, casi siempre, sin terminar y, en algunos casos, expedientadas por irregularidades en su edificación.

3.- Aclaremos ya, por si alguien no lo sabe, que para que las compañías suministradoras “enganchen” los suministros, es precisa la «Licencia de Primera Ocupación» emitida por el Ayuntamiento, tras el certificado del arquitecto de la obra que da fe de que la vivienda está terminada y ejecutada de acuerdo con el proyecto aprobado por el ayuntamiento. Y ESO TAMBIÉN VALE DINERO, COMO BIEN SABE MUCHA GENTE. Pero ya hemos dicho antes que esas viviendas por cuyas licencias de primera ocupación se me ha imputado, no cumplían uno u otro (en algunos casos, ninguno) de esos requisitos.

4.- Así que nos encontramos con el siguiente problema: Por una parte, si la casa no está totalmente terminada o tiene algún expediente disciplinario abierto, los técnicos municipales dicen que no se le puede dar la licencia de primera ocupación. Tanto más si el arquitecto director no ha emitido su certificado de terminación de la obra que hay que pagarle previamente. Por otra parte, nos encontramos con una familia que no ha tenido más remedio que ocupar la casa aún sin terminar, bien porque no podía pagar más alquileres, bien porque debía abandonar la vivienda donde vivía anteriormente (generalmente familiar) por razones de espacio; y esa familia estaba viviendo en su nueva casa sin suministro de agua ni luz o, en el mejor de los casos, enganchados ilegalmente o sirviéndose de los favores de algún vecino.

5.- Vayamos ahora a lo de «resolución injusta» que decíamos en el punto primero. ¿Es más injusto otorgar una Licencia de Primera Ocupación a la vivienda de una familia necesitada aun en contra del criterio de los técnicos que la deniegan aplicando lo que dice un renglón de una norma, o permitir y obligar a esa familia a vivir en condiciones infrahumanas? ¿Dónde está la «equidad» (ese otro gran concepto de la justicia? ¿Y dónde está la justicia? ¿Cuál es el «bien jurídico» que se ha perturbado o destruido?

6.- Todas esas cosas son las que hay que pensar y las que hay que dilucidar en esta cuestión. Y esas cuestiones nos llevarían algo más allá: Si los políticos están para hacer única y exclusivamente lo que digan los técnicos municipales, sin entrar en otras consideraciones, ¿por qué no dejamos que gobiernen los técnicos? ¿Para qué sirven los políticos?

Eso es todo. No obstante, por las especiales circunstancias que rodean este asunto, debo añadir algunas otras cuestiones:

1. Llegados a este punto, ¿me arrepiento de haber concedido esas licencias? EN ABSOLUTO. Tengo la conciencia de que, aunque algunos opinen que actué contra la ley, desde luego traté de actuar con justicia.
2. Tampoco esto tiene nada que ver con mi decisión de no ser candidato del PSIA en las pasadas elecciones. Esa decisión estaba tomada mucho antes, concretamente desde el día siguiente de las elecciones de 2011. Pero esa es otra historia. Por mucho que las listas o listos de turno quieran ahora sacar punta a un lápiz que no pueden ni sujetar.
3. Finalmente, lo que me preguntan algunos (y yo mismo me pregunto algunas veces), ahora que estoy al final de mi vida política: ¿MERECIÓ LA PENA? CREO QUE SÍ. A pesar de todo. Pero no porque espere ni desee reconocimiento alguno, sino por la propia satisfacción de saber que he hecho, aunque algunas veces me equivocara, lo que he creído lo mejor para este pueblo nuestro.