Aumentan en Arahal los participantes en un convenio que conmuta con trabajos para la comunidad penas por delitos impuestas por los jueces

C. GONZÁLEZ

Hasta 15 vecinos y vecinas de Arahal han realizado trabajos para la comunidad en lo que va de año para conmutar sentencias judiciales por delitos en su mayor parte relacionados con la alcoholemia. El Ayutamiento y la Dirección General de Instituciones Penitenciarias firmaron un convenio en septiembre de 2007 para el efectivo cumplimiento de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad. Cada año, aumentan el número de personas que participan en este convenio, gestionado por los servicios municipales.

En 2007 sólo fueron 4 meses, y participaron tres personas;  en 2008, 4, y, a partir del 2009, comenzó a aumentar la participación hasta llegar a 2014, con 23. Este año, en 6 meses, ya van 15 vecinos y vecinas que deciden trabajar para la comunidad. De esta forma, conmutan una pena impuesta por el juez por un delito cometido. Los delitos están relacionados con la alcoholemia en la mayoría de los casos, aunque hay algunos por incumplimiento de una orden de alejamiento.

Los vecinos condenados reciben una citación en la que explican que, en virtud de la sentencia judicial recaída, pueden realizar una serie de trabajos a la comunidad, bien al Ayuntamiento o a alguna organización sin ánimo de lucro. Hasta ahora, los vecinos de Arahal en esta situación eligen hacer esta labor para el Ayuntamiento, por lo que llegan con ese documento y se lo entregan a los servicios jurídicos municipales, especializados en el área de contrataciones. Y lo hacen porque es el organismo más cercano con el consiguiente ahorro de traslado.

Gestión del convenio

Es entonces cuando empieza la gestión municipal de este servicio con la elaboración de una propuesta, regida por el convenio de 2007, adaptada a cada persona en base a su situación laboral y familiar. “Tenemos en cuenta si está trabajando o si tiene algún problema físico para establecer el área”, explica la técnico municipal. Estos trabajadores están asegurados por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, aunque dicho seguro no conlleva cotización.

La mayor parte de estos trabajadores pasan al Servicio de Limpieza. “El Ayuntamiento sólo se encarga de la gestión y control del trabajo que no es remunerado. En función a la pena impuesta y la multa, cada persona cumple un número de horas determinadas de trabajo”, cuenta el concejal de Limpieza, Luis López Minguet, área donde se acoge a más vecinos con sentencias de este tipo. También apunta que, si están trabajando durante la semana, se encargan de recoger la basura de las botellonas los sábados y domingos, desde las 7 a 11 de la mañana.

El Ayuntamiento recibe el aviso de la persona que va a trabajar generalmente a través del correo electrónico. A partir de ahí, se le asigna una labor a cargo del encargado del área que es el que le tiene que firma los cuadrantes para controlar las horas de trabajo estipuladas.

Estos trabajadores, con cuentas pendientes de la justicia, están asegurados por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. El sueldo que deben cobrar sirve para conmutar la pena impuesta en la sentencia. La contribución en trabajo a la comunidad puede ser desde 30 a más de 100 jornadas (cada jornada son 2 horas), depende de la pena impuesta por el juez. «Estos son trabajadores que no suponen ninguna carga económica y la población puede creer que están contratados de una forma regular, pero no es así y tampoco podemos difundir más información ni datos porque lo impide la ley», explica López Minguet.

El trabajo se distribuye en dos horas diarias, pero generalmente emplean más tiempo para pagar lo que indica la sentencia lo antes posible. Hasta ahora son más hombres que mujeres los beneficiados por este convenio municipal y sólo un menor de edad. Algunos de los participantes llegan a ser reincidentes. “Si hay incumplimiento de estos trabajos, tenemos que comunicarlo de inmediato al juzgado, y el control es muy riguroso, no pueden faltar a no ser que lo justifiquen con documentos, por ejemplo, médicos”, explica la técnico municipal encargada del servicio.

Otras vías de atención

En este tipo de trabajos para la comunidad, también están incluidos otros proyectos relacionados con Bienestar Social y sobre programa concretos para los que llega financiación. Unos de ellos está destinado a ayudar a los vecinos/as con adicciones concretas. En ellos sí hay una pequeña remuneración económica que financia el organismo encargado del programa, Junta de Andalucía o Diputación.

Hasta el 2010 no entró en este convenio un menor de edad. Generalmente se trata de jóvenes con medidas judiciales que recomiendan su ejecución en “medio abierto”, también pasan antes por el técnico (trabajadora social) del Ayuntamiento para su control y seguimiento. A estos menores se les da de alta con un código especial por parte del Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas, es un seguro que sólo cubre accidentes.

Por último, también hay menores de edad que han realizado en los últimos años trabajos para la comunidad en aplicación de la ordenanza municipal que obliga a pagar con ellos destrozos en la vía pública. Siempre estas contraprestaciones llegan de la mano de denuncias de la Policía Local que son testigos de estos destrozos en el mobiliario urbano.