Los minoristas de Sevilla niegan el presunto fraude denunciado por la Guardia Civil

Los pescaderos minoristas de Sevilla y provincia han defendido que sus actividades comerciales son «correctas y adecuadas a la normativa legal», frente a la operación de la que informó esta semana la Guardia Civil.

Se trataría de un fraude por la supuesta pesca y comercialización de coquinas contaminadas de biotoxinas en niveles superiores a los permitidos, en la que un total de 26 personas figuran como investigadas,

El presidente de los pescaderos minoristas de Sevilla y provincia, Jesús Estela, afirma que las coquinas cuentan con las revisiones técnico sanitarias oportunas en Mercasevilla», lonja esta última dirigida por una sociedad gestora perteneciente al Ayuntamiento hispalense y la sociedad estatal Mercasa.

Ha dicho que la mencionada investigación de la Guardia Civil, bautizada como Madonax, «se inició en marzo» y desde la asociación de pescaderos minoristas desconocen los motivos por los cuales dicha operación policial ha trascendido precisamente ahora, coincidiendo con el conocido brote de listeriosis, pues mientras en estos momentos la sociedad está «bastante preocupada en temas sanitarios relacionados con los alimentos», el asunto abordado por la operación Madonax, según ha asegurado, «se ha resuelto rápidamente».

Así, mientras la Guardia Civil detectó la comercialización de 44 kilogramos de coquinas contaminadas con biotoxinas, entre las localidades de Écija, Carmona, La Algaba, Utrera, Cantillana, Bormujos, Coria del Río y La Rinconada en la provincia de Sevilla y en las localidades de Villamartín y Ubrique, situadas en la provincia de Cádiz, Estela ha explicado que «los compañeros (pescaderos) ya declararon ante el juez por esta investigación».

La investigación

Según la Guardia Civil, habría quedado constatado que los mariscadores que realizaron la captura en la zonas cerradas por razones sanitarias, el responsable del Centro de Expedición y Depuración que las recepciona, el mayorista que las recibe y expende a los minoristas, y por último, los pescaderos como último eslabón en la cadena de distribución al consumidor final, habrían participado en mayor o menor medida como presuntos autores en la comisión de un supuesto delito contra la salud pública, consistente en la captura y ulterior comercialización de coquinas con alto contenido en toxinas.

Sin embargo, Estela ha defendido que los pescaderos han adquirido los productos «con facturas legales y han pasado la inspección veterinaria y pesquera», por lo que ha manifestado que es «el expedidor de la coquina el que ha manipulado los datos de los productos», pues los pescaderos minoristas han «comprado la mercancía correctamente».

Ante estas actuaciones, Estela ha señalado que los pescaderos minoristas no han cometido «ningún delito ni fraude y han colaborado en toda la investigación», reiterando que «los productos tienen sus correspondientes inspecciones sanitarias y pesqueras a través de la empresa Mercasevilla».

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