Sucesos
El tabaco ilegal: entre el cliente permisivo y la actividad criminal
La presión al contrabando en la Campiña y Sierra Sur de Sevilla da sus frutos gracias al trabajo del Grupo de Investigación de la Guardia Civil de Marchena
El tabaco ilegal: entre el cliente permisivo y la actividad criminal
Cuando en julio de 2017 iniciaron la Operación Filtrus, contra el contrabando de tabaco en la Campiña sevillana y Sierra Sur, el Grupo de Investigación de la Guardia Civil de Marchena sabía con lo que se iba a encontrar y también que los agentes se quedaban sin coger vacaciones.
Ese día, detuvieron a 21 personas y 367.560 cajetillas de tabaco de contrabando de diferentes marcas. Y lo peor fue descubrir que este material ilegal se vendía en comercios de los más habituales en cualquier pueblo: kioscos, panaderías, fruterías y tiendas de ultramarinos.
En Arahal, la mayor aprehensión
Hace poco más de un mes, la Guardia Civil volvió a repetir una operación de estas características en la zona, esta vez en Arahal, donde se aprehendieron la mayor cantidad hasta el momento de cajetillas de tabaco de la provincia de Sevilla, casi 600.000, con 4 detenidos, todos vecinos de Paradas (Sevilla).
Se trata de una labor de años que se enmarca en un plan de lucha contra el comercio ilícito de tabaco y que, en esta comarca, ha supuesto un varapalo el último año para quienes lo practican.
El teniente de la Guardia Civil, Pedro Llorens, con experiencia en destinos anteriores en este tipo de delitos, considera que se trabaja con la misma intensidad desde hace años, lo que pasa es que las últimas operaciones «han tenido resultados más mediáticos, pero siempre ha habido operaciones con aprehensiones de tabaco de contrabando, aunque fuesen de menor relevancia».
El Grupo de Investigación de Marchena ha seguido, como en cualquier tipo de operación, unas pautas exhaustivas en las que utilizan nuevas tecnologías que han llevado a desmantelar organizaciones con ramificaciones en varias localidades como Marchena, Arahal, Utrera, Paradas y Morón de la Frontera.
Encontrar pruebas admisibles
Pedro Llorens ha dirigido dichas operaciones en Marchena y explica que, una vez cambia el marco legal en 2011, por el que las sanciones en función a lo aprehendido se multiplican por cinco -aunque para que sea delito pasa de 6.000 a 15.000 euros- , los agentes tienen que amarrar bien la operación para que la mercancía incautada supere esta cantidad. Y tiene su complejidad porque «hay que reunir mucha documentación, y, como en cualquier otra operación, encontrar pruebas admisibles judicialmente sin ser detectados mientras se obtienen», explica.
Sin embargo, con la nueva normativa, estas pruebas llevan «un plus que supone localizar el producto que sabemos se vende ilegalmente pero en esas cantidades que acreditan que lo cometido es un delito». Las aprehensiones deben superar los 15.000 euros para que la aplicación de la ley sea contundente, aunque si es menos, reunir el dinero de las multas es, ahora, «más difícil».
En la operación Filtrus de Morón de la Frontera de julio de 2017, la organización estaba muy ramificada, con vehículos que transportaban la mercancía en una amplia comarca. De hecho se realizaron 17 registros domiciliarios y, al final, 21 detenciones, por los delitos de Pertenencia a Organización Criminal, contra la Salud Pública, Contrabando y Blanqueo de Capitales.
El hecho de encontrar la mercancía en comercios habituales de estas localidades -en Arahal una trabajadora del sector apunta que se vende tabaco ilegal incluso en tiendas de ropa- supone que, una gran parte de la sociedad, es permisiva ante este tipo de delito. El teniente comenta que se ha encontrado con casos en los que el detenido «tiene valores morales que le impiden traficar con droga y, sin embargo, lo hace con el tabaco».
Los contrabandistas, además, cobran ayudas
Y no son conscientes de que el contrabando de tabaco es una actividad ilegal con una vertiente económica que la mayoría de los consumidores no tiene en cuenta. Por ejemplo, en muchos casos, dentro de la normalidad que intentan mantener los vendedores de tabaco de contrabando, a pesar del dinero que obtienen con esta actividad, cobran ayudas públicas. Además de tener en cuenta que es mercancía que no fiscaliza el Estado ya que no declaran nada de lo que se venden. El 80% de la venta de tabaco legal, según los estanqueros, son impuestos.
Pero lo peor es que este tabaco puede llegar a ser mucho más nocivo para la salud pública que el legal, ya que se trata, en el mejor de los casos, de un producto falsificado procedente de otros países donde no pasan controles sanitarios de ningún tipo o, simplemente, las organizaciones realizan las mezclas de la hoja de tabaco en naves sin las medidas higiénicas adecuadas, mezclando todo lo que hay en el suelo.
De hecho, en una operación llevada a cabo en julio de 2017 en Barcelona y Tarragona, los agentes de la Guardia Civil encontraron en las instalaciones donde se realizaba el secado, picado y mezclado de la hoja de tabaco, diez grandes sacas con estiércol de caballo.
Todo es ilegal
Para el teniente de la 6ª Compañía de Sevilla, «todo lo que rodea cualquier ilegalidad, es ilegal». Porque –explica- «si compro tabaco ilegal para venderlo en mi establecimiento, quién me marca las pautas de cómo debo hacerlo, si se lo vendo o no a menores, ¿por qué van a sujetarse a una ley y no a otra?», pregunta para añadir que «la sociedad no es consciente del enriquecimiento desmesurado de una persona cuyo afán es ganar dinero de manera fácil dando a entender que no es malo lo que hace a base de vender un producto sin saber lo que está vendiendo».
Y la sociedad tampoco tiene en cuenta esta actividad ilegal con una consecuencia que para la Guardia Civil es «alarmante» porque «se tiene conocimiento de que el contrabando llega a financiar a grupos terroristas en el extranjero, a organizaciones criminales, igual que lo hace la droga».
El Gobierno andaluz es «permisivo»
Los estanqueros llevan años comunicando a la Guardia Civil sobre esta competencia desleal que mueve «ingentes» cantidades de dinero ilegal y ha supuesto, a día de hoy, una bajada de hasta el 50% de la venta legal.
La situación llegó a tal extremo que hace un año, en Carmona, se llevó a cabo una reunión con las fuerzas del orden para denunciar una situación que se hacía insostenible. A día de hoy, después de las últimas operaciones, se sigue insistiendo en la necesidad de no relajarse y por eso están en contacto continuo con las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Oliva Escaja, presidenta de la Asociación Provincial de Estanqueros de Sevilla, dice que llevan 8 años solicitando a las autoridades acabar con un problema que no sólo es económico sino de salud pública. «Los estancos hemos bajado un 50 por ciento la venta de cajetillas, hay pueblos que más, las autoridades nunca hablan de que están vendiendo un producto muy dañino para la salud».
La hoja de tabaco viene cargada de bichos
Para Escaja, la población no quiere saber que el contrabando de tabaco traerá otro tipo de contrabando peor. Además, diferencia dentro de esta mercancía ilegal dos tipos de productos. El que viene de Gibraltar cuya diferencia por cajetilla es de un euro y el tabaco falsificado «que se fabrica en Palestina o Biolorusia donde no existe legislación para el producto ni control de plagas, la hoja de tabaco viene cargada de bichos». Se trata de productos que no han pasado los debidos controles sanitarios.
Olivia Escaja resalta que en el contacto que mantienen con las fuerzas de seguridad son conscientes que «cuentan con pésimos medios y poco personal para luchar contra las redes del contrabando».
La Asociación de Estanqueros sevillanos ha solicitado una reunión con la presidente de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, porque consideran que desde el gobierno andaluz existe «permisividad». En su opinión, la administración regional debería hacer campaña porque la población no sabe que consumir estos productos de contrabando puede suponer un grave problema para su salud.
Dos años a la espera de juicio
La presidenta de los estanqueros cree que cuando alguien se dedica al contrabando no es «porque no llegue a fin de mes». Para los estanqueros las ganancias son limitadas ya que «el 80% del valor de la cajetilla que vendemos son impuestos de Hacienda, por lo que pueden imaginar lo que se deja de recaudar».
Sobre la última operación que se desarrolló en Arahal, donde se ha encontrado casi 600.000 cajetillas de tabaco en una nave industrial, resalta el nivel que, según ella, alcanzan las mafias del contrabando de tabaco. «Si en un pueblo se ha incautado esta cantidad que yo tardo en vender 4 años, ya podemos tener claro a qué niveles se mueven las redes organizadas para este fin».
Oliva Escaja cree necesario que, cuando se hace una operación como la de Arahal, «no se puede esperar dos años para juicio, al menos que haya un desmantelamiento patrimonial porque, de lo contrario, no hay quien pueda con esta gente».
Y termina diciendo que «son redes criminales, los estanqueros no tenemos logística para tantas cajas de tabaco, aunque quisiéramos».
Fumar una mezcla que contiene estiércol de caballo
Una estanquera de Arahal asegura que «se ha notado mucho» el contrabando en las ventas durante los últimos años. «A la gente le da igual estar fumando un producto más nocivo todavía para la salud, porque si el de los estancos ya es malo y las autoridades sanitarias no dejan de advertirlo en las cajetillas, cómo será estar fumando estiércol de caballo».
La estanquera se refiere a una campaña de advertencia contra el contrabando que inició la Guardia Civil hace un año repartiendo carteles de advertencia por los estancos, después de la mencionada operación llevada a cabo en Barcelona y Tarragona.
Para esta estanquera es difícil acabar con el contrabando porque «la gente acepta el producto pensando en el ahorro y sabemos que lo venden hasta en tiendas de ropa».
La venta de tabaco en los estancos supone, una vez se quitan gastos e impuestos, que el propietario obtenga un 5% de beneficio. La estanquera arahalense dice que la sociedad tiene un concepto erróneo de este delito porque «no es para personas que necesitan llegar a final de mes» y, menciona la valoración de lo incautado en la última operación en Arahal, casi 2,6 millones de euros, para decir que «ese dinero no es para cubrir necesidades».
Total impunidad
Otro estanquero de Paradas, uno de los pueblos donde en el último año se han llevado a cabo varias operaciones contra el contrabando por parte de la Guardia Civil, considera que los que realizan estas actividades ilícitas «actúan con total impunidad porque la justicia es tan lenta que los cogen, pagan la fianza y vuelve a la calle a seguir», incluso, «alardean de que vuelven y venden las cajetillas todavía más baratas».
Este estanquero denuncia que ya se vende por medio de anuncios en páginas de internet de compra y venta de productos. «He llamado a una de ellas y me dicen que tengo que denunciar anuncio por anuncio».
Los estanqueros agradecen el empeño de las fuerzas del orden en la comarca, y dicen que se nota cuando una operación se lleva a cabo, como la última de Arahal, pero en «poco tiempo se recuperan ya que por mucho que se les coja, la justicia es muy lenta y vuelven a las andadas».
La diferencia de precio con una cajetilla de tabaco que haya pasado por su control sanitario es de menos de un euro. Sin embargo, las consecuencias de su consumo son incalculables, porque la salud no tiene precio.
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