El Parlamento aprueba una modificación de la LOUA para regularizar 25.000 viviendas ilegales

EFE. Sevilla

El Parlamento ha aprobado hoy, con los votos favorables del PSOE, PP y Ciudadanos, la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) que regulariza unas 25.000 viviendas ilegales, un 8% del total de las que hay en la comunidad que ascienden a unas 300.000, según el último censo.

La nueva normativa, que contó con la abstención de Podemos e IU, entrará en vigor después de más de un año de debate y fija controles sobre el tipo de vivienda que pueden acogerse a los cambios para regularizar las edificaciones ilegales.

Sólo podrán legalizarse edificaciones residenciales aisladas situadas en suelo no urbanizable, que tengan al menos seis años de antigüedad, no estén situadas en zonas inundables o declaradas por la Junta como de especial protección y que no estén afectadas por expedientes administrativos de demolición.

La gran mayoría de estas construcciones se sitúan en la comarca malagueña de la Axarquía y en la almeriense del Almanzora, aunque otro buen número de ellas se ubica en la provincia de Cádiz, y todas ellas se podrán inscribir en los registros de la propiedad y acceder a los servicios básicos de luz y agua con la nueva normativa.

Sus propietarios deberán adoptar medidas correctoras urgentes para eliminar los impactos paisajísticos o ambientales que pudieran haberse producido, especialmente sobre los recursos hídricos.

También obliga a los ayuntamientos a iniciar, en el plazo máximo de dos años, la redacción del avance del planeamiento para incorporar a las nuevas viviendas que se hayan regularizado.

Todos los grupos consiguieron introducir en la modificación legal distintas enmiendas, lo que fue destacado por el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, que agradeció su participación en la tramitación del proyecto, así como la de los agentes sociales.

Según Fiscal, el cambio normativo responde a la necesidad de atender las demandas de los ciudadanos y ofrecer soluciones «reales de manera eficaz, pese a la diferencias lógicas» entre partidos.

Patricia Navarro, del PP-A, se ha congratulado con la modificación legal para dar seguridad jurídica y acabar con la incertidumbre de los afectados de buena fe.

Sin embargo, ha criticado que el Gobierno andaluz y Ciudadanos hayan «cargado» sobre los ayuntamientos responsabilidades para las que «no están preparados» a la hora cumplir la norma.

«La ley original era una chapuza, miope, y la se aprueba no tiene nada que ver con la que entró hace una año en la Cámara. Además, ignora a más de 250.000 familias y es cobarde por no afrontar en su totalidad el problema ni ser un punto final para el mismo», ha aseverado.

Mercedes Barranco (Podemos) ha vinculado la norma al interés por «tapar las negligencias» de la Junta y algunos ayuntamientos en la gestión de la ordenación territorio, y ha sostenido que «no soluciona» el problema de manera integral ante la «extensión» del problema por toda la comunidad por el «escaso» control.

Barranco ha considerado urgente afrontar la «corrupción y especulación» urbanística, y ha expresado su preocupación porque la ley se convierta en un «puente» para seguir construyendo en suelo no urbanizable, por lo que ha pedido una ley de «punto final».

Marta Escrivá, de Ciudadanos, ha incidido en que la norma soluciona parte del problema cuando lo ideal sería regularizar el mayor número de viviendas posibles para acabar con la incertidumbre de miles de familias.

«Es un gran avance, pero la regulación es insuficiente. La LOUA se ha quedado antigua y sería mejor hacer otra ley que poner parches a la actual que está desfasada», ha criticado.

Jose Antonio Castro (IU) ha vinculado las «construcciones ilegales a la burbuja inmobiliaria, a la era de pelotazo, a connivencia municipal y a la autonómica, que han cerrado los ojos para cobrar -el impuesto- de actos jurídicos documentados».

IU ha pedido una solución integral y rigurosa a este problema, ha criticado que la normativa responda a una «ocurrencia electoral» de la presidenta Susana Díaz y ha advertido de que los plazos para regular las viviendas y elaborar el reglamento son «excesivo».

El socialista Rodrigo Sánchez ha afirmado que el proyecto pone «fin a una dramática situación» de miles de familias y ha lamentado la «imagen negativa» de Andalucía y del Parlamento que traslada el PP, al que ha acusado de sumarse a la «solución» en citas electorales.

Además, ha negado que se dé «carta de naturaleza» a las ilegalidades y ha recalcado que es la «solución necesaria» para miles de afectados que «ahora» tendrán seguridad jurídica.