Ecologistas en Acción pide al Parlamento que rechace una nueva amnistía a las viviendas y urbanizaciones ilegales

La Junta pretende amnistiar incluso a las que tienen sentencia firme de demolición

N.P.

Juan Clavero ha intervenido en representación de Ecologistas en Acción ante la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Parlamento de Andalucía que tramita el proyecto de modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para permitir  la legalización de las parcelaciones ilegales y las viviendas construidas en ellas.  Según los ecologistas, este cambio legal «es un paso más en la estrategia de la Junta de amparar el urbanismo ilegal en suelo no urbanizable, que ha llegado a cotas de auténtica catástrofe, con más de 300.000 viviendas ilegales, creando un cáncer por todo el territorio andaluz, provocando graves impactos ambientales y territoriales y conflictos sociales, administrativos y penales». Este fenómeno, dicen, «no hubiera sido posible sin la complicidad de muchos ayuntamientos y de la propia Junta de Andalucía«.

En nota de prensa, Ecoogistas en Acción, apuntan que este cambio legal es, además, «un fraude democrático, ya que no consta en el programa del PSOE, ni en el pacto de gobierno suscrito con Ciudadanos. Sólo el PP prometió legalizar todas las viviendas ilegales sin exclusión alguna».  En este sentido consideran que «PP, PSOE y Ciudadanos van de la mano».

Por el contrario, los ecologistas dicen sorprenderse por «la falta de iniciativas legislativas para hacer cumplir el mandato constitucional del Art. 47, que establece que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.

En la intervención paralamentaria, han dejado claro que esta propuesta de modificación «es fruto de la presión del lobby de propietarios de viviendas ilegales y de los alcaldes que han permitido el sistemático incumplimiento de las normas urbanísticas».

Las prisas, para los ecologista, han surgido ante la actuación de los tribunales, que dictan sentencias que han condenado a numerosos alcaldes por delitos de prevaricación, falsedad documental y cohecho. «Estos alcaldes delincuentes, sobre todo de la Axarquía, han sido los que más han presionado a sus partidos para que se modifique la legislación urbanística con la esperanza de ver aminoradas sus responsabilidades penales. Lamentablemente muchos de estos condenados han sido indultados, por lo que el círculo de la impunidad se termina cerrando». declaran en la nota de prensa.

En su análisis, los ecologista dicen que la Junta de Andalucía justifica este cambio legal en que «hay compradores de viviendas ilegales de buena fe, para lo que ya el ordenamiento jurídico estipula la posibilidad de una demanda por estafa, pero se generaliza su aplicación a la totalidad de parcelaciones y viviendas ilegales sin que la propia Junta sepa cuantas hay, a qué se dedican, ni la circunstancia de su adquisición».

En este mismo orden de cosas, explican que el texto del proyecto incluye  una disposición transitoria que contempla que esta amnistía será de aplicación a todas las edificaciones y parcelaciones con expedientes administrativos en tramitación y sobre la que existan procedimientos judiciales en tramitación, o incluso, haya recaído sentencia judicial firme. «Esta impostura puede acarrear responsabilidades penales a los alcaldes y alcaldesas que archiven expedientes incoados por construcciones ilegales en suelo no urbanizable, y a los propios parlamentarios y parlamentarias que aprueben esta auténtica apología del incumplimiento de sentencias judiciales», aclaran.

A su juicio, esta modificación ni siquiera es una ley de punto final, porque en ningún caso garantiza que el fenómeno no vuelva a repetirse, es una amnistía en toda regla con un evidente efecto llamada. Por tanto, «se transmite así un mensaje demoledor al conjunto de la ciudadanía, el de la impunidad para los infractores y delincuentes urbanísticos, para escarnio de los ciudadanos y ayuntamiento cumplidores».

Ecologistas en Acción ha presentado un decálogo de propuestas a la Comisión del Parlamento para garantizar el cumplimiento del mandato constitucional de luchar contra la especulación urbanística, que incluye, entre otras, las siguientes medidas:

• Rechazar este proyecto de modificación de la LOUA
• Eliminar el plazo de prescripción de edificaciones y urbanizaciones ilegales.
• Retirada automática de las competencias de disciplina urbanística a aquellos ayuntamientos que no la apliquen en suelo no urbanizable.
• Sólo se autorizarán la construcción de aquellas viviendas en suelo no urbanizable ligadas a la explotación agrícola, ganadera o forestal.
• Realizar un censo real de las viviendas y parcelaciones ilegales existentes en suelo no urbanizable en Andalucía.
• Anular el Decreto 2/2012, que fue el primer paso en esta amnistía generalizada, y que no ha solucionado la problemática de la regularización.
• Que alcaldes, concejales y/o técnicos implicados, por acción u omisión, sean responsables civiles además de penales.
• Que el destino de las multas coercitivas y sanciones económicas a los constructores ilegales se destinen, entre otras cosas, a financiar y reforzar los departamentos municipales encargados de aplicar la disciplina urbanística.

Ecologistas en Acción entiende que lo urgente en Andalucía no es dar amparo a los que han incumplido la ley o lo han permitido, sino cumplir con el mandato constitucional de luchar contra la especulación, impidiendo la reproducción del fenómeno del urbanismo ilegal, y asegurar a todos los ciudadanos una vivienda digna.

Al término de la comparecencia de Juan Clavero, todos los grupos parlamentarios han mostrado interés por las propuestas de Ecologistas en Acción presentadas; se han comprometido a estudiarlas y tener en cuenta y han agradecido la constante e incansable labor de Ecologistas en Acción contra la urbanización ilegal en Andalucía.