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PSIA plantea que «es el momento» de denunciar al Gobierno por utilizar el término municipal de la base sin compensación económica
C. GONZÁLEZ
El PSIA planteó en el último pleno ordinario, celebrado el jueves 24 de septiembre, al Equipo de Gobierno que exija al Gobierno Central alguna contraprestación económica e información sobre los cambios que sufre la gestión de la base aérea de Morón de la Frontera, ubicada íntegramente en término municipal de Arahal.
El portavoz de los socialistas independientes, Rafael García Santos, dijo que en las instalaciones “están pasando cosas de las que el Ayuntamiento no tiene información” y que ya va siendo hora de exigir al Gobierno Central, de la manera que sea, información y contraprestaciones incluso si esto supone hacerlo vía judicial.
García Santos se refirió a las inversiones previstas en la base, que según publicaba elpais.com en el mes de julio ascendían a 26,3 millones de euros, información procedente del acuerdo de entendimiento entre los departamentos de Defensa de EEUU y España al que este medio había tenido acceso. Y, también, a las necesidades que supondrá traer a 2.200 marines y 500 civiles para convertir las instalaciones en una base permanente de la fuerza de reacción del mando del ejército estadounidense en África.
El portavoz preguntó al alcalde si al menos había pedido alguna información sobre estos cambios que han anunciado los medios de comunicación y el Congreso. Miguel Ángel Márquez, alcalde de Arahal, explicó que desde la base no dan nunca información sobre lo que van a hacer “todo lo que tiene que ver con las fuerzas armadas no tiene que ver con el Ayuntamiento no sólo en este caso, sino en cualquier otro. Vemos aterrizar y despegar a los aviones que van cargados de bombas y no podemos hacer nada”.
En ese momento, Márquez explicó lo que había pasado el día del accidente del eurofighter en este término municipal en junio de 2014 en el que murió un capitán del ejército español. Ese día, no se pusieron en contacto con el mandatario local hasta que no hizo unas declaraciones en los medios de comunicación denunciando la falta de información sobre el accidente.
Miguel Ángel Márquez explicó al portavoz del PSIA que en la actualidad la única compensación económica que existe es el pago del Impuesto de Vehículos civiles que circulan en la base cuya aportación supone al municipio unos 30.000 euros. También durante unos años, pocos, se cobró una compensación por Impuesto de Bienes Inmueble y utilización de unas tierras que “si no hubiera base podrían estar generando riquezas al municipio”. Esta compensación iba incluida en los Presupuesto Generales del Estado y fueron tres años en los que se cobró 500.000 euros, compensación que se vio reducida a la mitad 250.000 euros. Cuando llegó la crisis, el dinero dejó de percibirse.
El alcalde dijo que le “echan poca cuenta a los Ayuntamientos” y contó que ha mantenido reuniones con los tres grupos parlamentarios en el Congreso (PSOE, PP e IU) sin que hubiera resultados.
El portavoz del PSIA instó entonces al Equipo de Gobierno a plantear un pleito contra el Estado. “No sé si es el momento, el Ayuntamiento de Rota puso un pleito y pagaron”. Rafael García Santos propuso que las reclamaciones se hicieran en base a dos punto: El riesgo que supone tener la base aérea en término municipal con el objeto de saber si existe un Plan de Emergencias en caso de accidente y la reclamación legitima del uso del término municipal.
El alcalde dio la razón al portavoz del PSIA aunque aportilló que “tenemos en estos momentos muchos gastos jurídicos por cuestiones prioritarias, de asuntos muy importantes que supondrán también ingresos para el Ayuntamiento”. No obstante, reconoció que tendrá en cuenta la propuesta del PSIA.
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