Casi 900.000 euros de multa por parcelar una finca para 133 viviendas ilegales en Alcalá de Guadaíra

Los servicios de Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio han multado con 891.820 euros al responsable de una parcelación de una finca de unos 70.000 metros cuadrados de superficie en 133 parcelas de entre 500 y 600 metros cuadrados en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), concretamente, en un paraje conocido como El Nevero, zona donde ya existen otras parcelaciones irregulares consolidadas de más antigüedad.

Según informa la Junta en una nota, a la venta ilícita de las parcelas de suelo no urbanizable le ha seguido la posterior construcción e instalación de viviendas, la mayoría de ellas prefabricadas, con el consiguiente riesgo en la salud y seguridad de las personas y el impacto medioambiental que suponen estas actuaciones ilegales. Por ello, Inspección Urbanística tramitó el procedimiento sancionador por infracción urbanística muy grave contra el parcelador, que se estaba lucrando vendiendo lotes de parcelas en suelo no urbanizable. Los técnicos se reunieron con los servicios municipales del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra para aunar esfuerzos y evitar la consolidación de la parcelación, así como la restauración de la realidad física alterada.

Actuaciones detectadas

Asimismo, se pusieron los hechos en conocimiento de la Fiscalía, por cuanto las actuaciones detectadas pudieran ser constitutivas de delito contra la ordenación del territorio y urbanismo, teniéndose conocimiento de la apertura de diligencias previas por parte del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Alcalá de Guadaíra como consecuencia de las denuncias formuladas por la Fiscalía en este sentido.

La actuación se inició en la Inspección de la Consejería al tenerse conocimiento de una denuncia conjunta de agentes de la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla y de la policía local del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, donde se hacía constar, además de la subdivisión del terreno en unas 130 parcelas para otras tantas viviendas, la ejecución de obras para levantar un muro perimetral, la instalación de una cancela de acceso, la construcción de viales interiores de albero compactado y la existencia de redes de abastecimiento y suministro eléctrico.

Visita de inspección

Una vez hecha la visita de inspección, se comprobó que la actuación de parcelación se estaba desarrollando y consolidando, mediante el vallado de las subparcelas creadas y de numerosas edificaciones, básicamente de carácter prefabricado, detectándose, además, un anuncio publicado en la plataforma digital Milanuncios.com que ponía de manifiesto la venta de parcelas, razones todas ellas que han justificado una pronta actuación a fin de sancionar al responsable y evitar que la parcelación urbanística se complete, minimizándose de esta forma los riesgos personales y daños ambientales que ocasiona, y evitando asimismo que puedan verse perjudicados más ciudadanos por la posible compra de los terrenos.

Como ya se puso de manifiesto en la operación realizada por la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio en colaboración con el Ayuntamiento de Vejer de la Frontera a mediados de febrero en el Palmar (Cádiz), operación coordinada entre la Policía Nacional, Local y la Guardia Civil donde se frenó la construcción de 60 viviendas ilegales, el Gobierno andaluz se ha comprometido a reforzar e incrementar la labor inspectora y garantizar la ejecución de la disciplina urbanística, evitando la proliferación de edificaciones ilegales en el territorio, compromiso en el que se enmarca esta actuación desarrollada en Alcalá de Guadaíra.

Vigilancia

La consejera Marifrán Carazo ha reiterado que la Consejería ha intensificado la vigilancia para evitar la proliferación de edificaciones ilegales en Andalucía, de hecho, se superó el millar de expedientes tramitados en 2020, el doble que en 2018, con último año de gobierno socialista. «De nada vale haber aprobado el decreto para regularizar viviendas irregulares que llevaban décadas en un limbo jurídico si dejamos proliferar este tipo de edificaciones ilegales como hacían los anteriores gobiernos», ha manifestado Marifrán Carazo.

Frente a los 557 expedientes tramitados en 2018, último año de la legislatura anterior, en 2019 fueron 965 expedientes, un 73% más, y en 2020, a pesar de la pandemia, el número de expedientes alcanzó los 1.087, con un incremento del 12% respecto a 2019 y un 95% más si se compara con 2018.

Este incremento de la actuación inspectora es fruto de la labor de reestructuración y refuerzo de la Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo que, en la medida de lo posible, ha optado por potenciar las medidas preventivas frente a las represivas y por una mayor presencia en el territorio del personal inspector. Así, durante 2020, y a pesar de que en el periodo de confinamiento del estado de alarma se suspendieron las visitas durante tres meses, el servicio de inspección realizó 524 visitas, frente a las 164 contabilizadas en 2018.