Ecologistas en Acción presenta alegaciones contra el PGOU de Arahal por “eliminar protecciones en suelo no urbanizable”

A.I.

La Federación Provincial de Ecologistas en Acción ha presentado una serie de alegaciones contra la modificación nº 34 del PGOU de Arahal en las que denuncian que la intención del Equipo de Gobierno es legislar teniendo sólo en cuenta los intereses particulares  de quienes han cometido el delito de construir en suelo urbanizable, en algunos casos de especial protección.

Dicha modificación fue aprobada en pleno ordinario el pasado 26 de septiembre, y, según los ecologistas, “pretende reducir y eliminar protecciones en el suelo no urbanizable, principalmente la de los cauces y suelos agrícolas”.

Ecologistas en Acción considera que esta forma de afrontar el problema del urbanismo ilegal acabará “en fiasco y tendrá gravísimas consecuencias legales, territoriales, ambientales, sociales y económicas, ya que atenta contra el interés general de los ciudadanos”.

Las urbanizaciones y viviendas ilegales se han convertido para los ecologistas en “un cáncer que devora territorio y paisaje en toda Andalucía, crea situaciones de absoluta impunidad, genera corrupción y termina por justificar todo tipo de infracciones al planeamiento urbanístico”.

En este sentido, explican que los impactos son evidentes porque genera un “modelo de ciudad extensiva e insostenibl”; agudiza los problemas de movilidad urbana; encarece los servicios públicos; incrementa los consumos de agua, y el agotamiento y la contaminación de los acuíferos; aumenta el riego de incendios intencionados; rotura la vegetación natural, fragmenta el paisaje y se pierde biodiversidad; se pierde definitivamente el patrimonio público que pasa de forma ilegal a las manos privadas; aparecen vertederos improvisados con basura y restos de obras.

Según Ecologistas en Acción, la modificación que propone el Equipo de Gobierno no “justifica suficientemente la desprotección de los cauces y espacios agrícolas, sino que debe hacerlo de una manera especialmente reforzada”. Además añaden que  la protección de cauces ya tenía un ámbito mayor en las normas vigentes y unas determinaciones más proteccionistas, ahora se pretende dejar solo en lo que recoge la Ley de Aguas, pero que en “realidad lo que hace es eliminarla utilizando como único argumento los problemas con los planos cartográficos”.

Los ecologistas exponen que no tienen sentido la intervención del concejal de Urbanismo, José Antonio Cabrera, en el pleno de aprobación de dicha modificación porque argumentó que las protecciones existentes desde el año 1994, según los técnicos municipales y de la Administración Autonómica, “carecían de sentido y eran incompatibles con la legislación urbanística, por ello no debían mantenerse protegidos, como el caso de las protecciones agrícolas”. Para este Ecologistas en Acción  “las normas urbanísticas son documentos rígidos que no dejan nada al azar y es ilógico pensar que aquí se protegieron determinados espacios por el capricho del equipo redactor de las normas subsidiarias”.

Al respecto de la protección de los cauces afirman que están debidamente justificadas como así aparece de una forma inusualmente detallada y precisa en las normas de 1994. Desde su punto de vista, “las protecciones urbanísticas se definen como áreas de destacados valores ecológicos, productivos, paisajísticos y culturales, que deben ser objeto de una protección específica que tienda a defender y potenciar los valores que originaron su clasificación como tal, como así se entienden a los hidrosistemas fluviales”.

Suelos de especial protección agrícola

Con respecto a los suelos de especial protección agrícolas, la justificación para eliminarlos es “muy laxa” porque se limita a “un examen visual y planos temáticos”. Sin embargo, los ecologistas argumentan que la modificación no analiza el origen de cada una de ellas, la evolución del uso y características de esos suelos a lo largo del tiempo, la pormenorización de cada uno de ellos, la eventual desaparición de los valores protegidos y sus causas, entre otras cuestiones.

Ecologistas en Acción recuerda al Equipo de gobierno en nota de prensa que “la eliminación de una protección exige una especial justificación, por cuanto es una decisión reglada que se escapa de la libre decisión del planificador”. Y en este caso debe acreditarse que «los valores que sirvieron para su protección no existían en el momento que se hizo o han desaparecido como consecuencia de la evolución natural, no pudiendo servir de justificación que esos valores se hayan perdido como consecuencia de no haberse protegido eficazmente». Estos argumentos, además, se acreditan con la abundante jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Por lo tanto, para los ecologistas, sólo hay un camino para legislar en urbanismo, «hacer cumplir escrupulosamente las leyes y no hacer políticas populistas que lleven a premiar al infractor con amnistías encubiertas, porque no olvidemos que los costes económicos de una posible legalización lo tendremos que abordar entre todos, ya que ningún ayuntamiento que “consintió” la ilegalidad va a ser inflexible con los parcelistas». Según dicen el ejemplo está en lo que ha pasado en otras localidades andaluzas, y «hasta lo que dice la Fiscalía, que estos colectivos se han conformado en auténticos lobbies o grupos de poder” que están logrando en algunos casos “imponer la línea a seguir en los ayuntamientos en el ejercicio de la disciplina urbanística”.

Ecologistas en Acción anuncia que seguirá velando por el interés general y exigiendo a las Administraciones implicadas la retirada de esta modificación de normas por “suponer una auténtica barbaridad desde el punto de vista ambiental, económico y social, y cuyas consecuencias traerán el desgobierno territorial a Arahal”.